Prudencia judicial

Danilo Cruz Pichardo
danilocruzpichardo@gmail.com

Algunos dominicanos pensaron que, al producirse el cambio de
administración el 16 de agosto, inmediatamente se iniciaría una
persecución hacia todos aquellos funcionarios del pasado gobierno del
PLD que les atribuyen la comisión de corrupción pública en su paso por el
poder.
Pero se impone la prudencia judicial. Nadie pone en duda la firmeza y
competencia profesional de Miriam Germán y de Yeni Berenice Reynoso.
Se trata, empero, de agotar un proceso investigativo y de reunir las
pruebas correspondientes en cada caso, para que los expedientes estén
bien sustentados.
El gobierno dispuso –a través de la Contraloría General de la
República– auditar a todas las instituciones públicas y habría que esperar
los resultados. Lógico: la Procuraduría dispone de sus propios mecanismos
de investigación, pero cuando los hallazgos de varias pesquisas arrojan
efectos similares las eventuales imputaciones se sostienen en argumentos
más sólidos.
Se impone la confianza en el Ministerio Público, pues mejor no podía
ser la calidad profesional y ética de los miembros de su cúpula.¡Ahora
bien! Esas damas podrían hacer su trabajo –tal y como la ciudadanía
espera–, pero con esa Suprema Corte no es para crearse expectativas de
justicia, pues a esos “magistrados” los designaron para blindar de
impunidad a todos los funcionarios salientes.
Lo único que asegura esperanza de justicia en los expedientes de
corrupción, sometidos por el Ministerio Público, es el cambio total o
parcial de esa Suprema Corte de Justicia. Lo ideal sería remover el pleno,
pero los reglamentos lo impiden.
De todos modos, con cambiar al presidente y a dos o tres magistrados
se obtendrían transformaciones tangibles. Pero la conformación del
Consejo Nacional de la Magistratura podría demorarse, pues aún no está
definida la segunda mayoría, aspecto que podría terminar en el Tribunal
Constitucional.
“La demora de la justicia significa injusticia”, dijo Walter S. Landor. Esa
injusticia prevaleció durante los 20 años de administración peledeísta. No
se puede pretender ahora que, con autoridades que apenas tienen un
mes, se esté apresando gente del pasado gobierno. Es un proceso que
conlleva una serie de pasos, empezando por una adecuada investigación,
para presentar méritos irrefutables.

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