LA NORMATIVA PROCESAL PENAL Y EL CASO CORAL

La Constitución de la República Dominicana consagra el derecho a la igualdad como un derecho fundamental, estableciendo que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que tratar de manera desigual a un segmento determinado de la sociedad dominicana, como son los miembros de las Fuerzas Armadas y de la P.N., constituye una privación de ese derecho, así como la negación a una Tutela Judicial efectiva, el derecho a un juez natural, el respeto al debido proceso y otros derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna.

Estas aseveraciones y fundamentos hacen preciso que se deba dar cumplimiento al mecanismo legal establecido para el conocimiento de los procesos judiciales sobre las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia, al tenor de lo contenido en el Artículo 254 de nuestra Constitución, articulo este que al referirse a la Competencia de la jurisdicción militar y régimen disciplinario dispone lo siguiente: “La jurisdicción militar sólo tiene competencia para conocer de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia” (…), con lo cual queda constitucionalizada de pleno derecho la competencia de la jurisdicción militar y la obligatoriedad constitucional de su existencia, toda vez que es la misma carta magna que establece de manera taxativa e inequívoca (de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia), por lo que al tomar en cuenta la interpretación jurídica como la ha concebido el jurista Robert Alexis [ ] esta es: «el lenguaje del derecho resultante de la aplicación actual de reglas y principios a la solución de conflictos prácticos que la sociedad se plantea en el ámbito del derecho», lo que nos lleva a descifrar nuestra constitución según los contextos interpretativos, haciendo acopio del contexto funcional de ese artículo 5 del CPD, en virtud a que esa interpretación del contexto funcional establece que la ley, (en nuestro caso el art. 5 CPD), tiene una relación con la sociedad, con lo cual se pretende lograr algún efecto social, de manera que cuando se la interpreta ha de valorarse si cumple la función o los fines para los que ha sido creada, por lo que en consonancia con estos contextos cabe destacar la “naturaleza de las cosas” debido a que la interpretación de una disposición debe cambiar cuando cambien las circunstancias en las que la disposición debe ser aplicada, interpretándola atendiendo a su finalidad, debido a que unas veces esta finalidad se identifica con el espíritu de la ley, otras con la voluntad de su autor, o con la realidad social, etc. (negritas y subrayados son nuestros).

Nuestra realidad social es que existen Contravenciones, Delitos o Crímenes de naturaleza puramente militar y que no se encuentran contenidos o tipificados en nuestra normativa penal, los cuales con la eliminación del Art. 5 del CPD vigente, hoy en modificación estarían creando un vacío normativo en nuestra legislación penal, toda vez que dicho artículo establece: “Art. 5 del CPD Las disposiciones del presente Código no son aplicables a las contravenciones, delitos o crímenes militares”, por lo que pretender excluir ese importante artículo de nuestro Código Penal, seria pretender establecer que no existen crímenes o delitos de naturaleza puramente militar y que no están contenidos ni se pretenden contemplar en dicho Código, y más aún cuando nuestra Constitución como ya hemos establecido up-supra, establece la existencia de la jurisdicción militar, por lo que eliminar el artículo 5 del actual Código Penal Dominicano, seria legislar contrario a la Constitución de la República, ya que nuestra Ley sustantiva al referirse a la Competencia de la jurisdicción militar y régimen disciplinario, dispone en su Artículo 254 que: “La jurisdicción militar sólo tiene competencia para conocer de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia. Las Fuerzas Armadas tendrán un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar”. (Negritas y subrayados son nuestros). *(Mag. Miguel Antonio Encarnación de la Rosa). (M.A.).

Sobre ese artículo 254 de nuestra ley sustantiva, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha establecido: “La jurisdicción militar es intrínseca a la especialización de funciones que tienen las Fuerzas Armadas, ajustada al marco constitucional de las jurisdicciones especializadas establecidas en el artículo 168 de la Carta Magna. En ese tenor, la jurisdicción militar tiene una competencia específica (justificada por las labores especiales y particulares que realizan los militares) pero sin detrimento de los principios rectores que guían a todas las jurisdicciones del Estado. Así, una vez aclarado el ámbito competencial de la jurisdicción militar circunscrito a conocer de las infracciones militares, es bueno aclarar que la misma está imbuida por todas las garantías de los derechos fundamentales (artículo 68 de la Constitución) y las garantías procesales en especial las referentes a la tutela judicial efectiva y debido proceso (artículo 69). De esta manera, el constituyente ha establecido que la jurisdicción militar se rija por su propia ley (principio de especialidad), ajustándose a los principios constitucionales (constitucionalización de la jurisdicción militar) y sin que su ámbito desborde el objeto a juzgar (competencia para conocer única y exclusivamente de las infracciones militares)”. [ ]

Por lo tanto, estos miembros del Ejército Nacional que están siendo juzgados en este caso, son miembros activos, pero por el momento suspendido en sus funciones mientras los mismos sean  definidos en dicho proceso judicial y por lo tanto, el Ministerio Público su deber era solicitar su comparecencia a través del Procurador General de las FF.AA., el caso referente a los mismos militares, que por no haber faltado a un mandato militar sino a uno de competencia civil estos deben ser juzgados como tal en un tribunal ordinario, y de ser comprobada su culpabilidad los mismos deberían ser retirado de las filas militares del país y cumplir su condena.

Erróneamente podría pensarse que: ´´ los artículos 56 y 57 del Código Procesal Penal, derogaron el Código Penal Militar´´.

Conforme análisis de los indicados artículos, estos solo refieren que el juzgamiento fuere por ante la jurisdicción  ordinaria, no la derogatoria de la norma sustantiva contenida en dicho código.    

El solo hecho de pretender eliminar de nuestra normativa penal el referido artículo 5, seria desconocer como ya hemos dicho, la constitucionalidad, legalidad y por demás la necesidad social de la existencia de la Jurisdicción Militar, en estos tiempos en donde la seguridad ciudadana se ha visto afectada por el incremento de la delincuencia y la participación cada vez mayor de militares y policías tanto activos como en retiro, en la comisión de actos delincuenciales o con el uso de su arma de reglamento, así como aquellos jóvenes que con vocación delincuencial ingresan a los cuerpos armados y policiales a buscar entrenamiento y formación para luego de estar ya entrenados, desertar de la institución y dedicarse a cometer actos delictivos sin poder ser perseguidos como desertores al interior de su institución porque este es un delito que no está contenido en nuestro Código Penal Dominicano.

Nuestro interés radica en que viviendo en un Estado Social y Democrático de Derecho, los ciudadanos en uniforme, que al igual que todos los demás ciudadanos son sujetos de derechos y obligaciones y deben gozar de las garantías y protección de sus derechos fundamentales, tal como lo consagra nuestra carta magna, deben obtener la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley al momento de que le sea conocido un proceso por determinada conducta, lo cual deberá llevarse a cabo por ante un juez natural, conocedor de la constitución y las leyes sobre la materia.

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