LA JURISDICCION PENAL DE HIGUEY COLAPSADA

En tiempo atrás siempre se escucharon las quejas y reclamos respecto a la Jurisdicción Inmobiliaria del Distrito Judicial de la Provincia La Altagracia (Municipio de Higuey), y las múltiples trampas y diabluras que allí se denunciaban, de verdad no sé si eso ha mejorado, pero lo que si podemos afirmar es que la materia penal esta en ruina por la falta de integridad y decoro de los administradores de la justicia penal en esta jurisdicción. Paso a explicarlo.

Recientemente todos vimos en la Cámara de Diputados una petición hecha por legisladores de esa región en donde solicitaban al presidente de La República   la construcción urgente de una nueva cárcel con base en el hacinamiento en que se encuentran las cárceles de la provincia La Altagracia; los números de internos preventivos en proporción a las capacidades de los “Centros Penitenciarios”, ciertamente es alarmante, inhóspita e inhumada. La degradación de la dignidad del hombre por el hombre allí manifiesta alcanza niveles solo visto en tiempos del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

Un diputado se para ese día y desde su curul manifiesta, enérgicamente, y en oposición, según pudo interpretar este mortal, a la construcción de una nueva cárcel, y señala: -que el hacinamiento de la cantidad de internos, principalmente, preventivos no se debe a que falten cárceles nuevas o más grandes sino a que la jurisdicción penal de Higuey, en especial la de La Instrucción, está aterrorizada por el miedo de los juzgadores (jueces) y que estos solo imponen como medida de coerción la prisión preventiva. Que no importa el delito cometido, si fue un salami, un chivo o una tentativa de un delito siempre imponen al imputado en atención permanente la prisión preventiva sin importar el arraigo, que sea infractor primario o que los hechos no constituyan un tipo penal, entre otras.

Siguió diciendo el Diputado: -que cuando se conocen las audiencias preliminares el envió a juicio es automático, y con la misma suerte para los acusados de permanecer en prisión preventiva sin importar que las pruebas les señalen como autores o cómplices del delito imputado-. Y cierra su alocución diciendo: “que no se trata de más celdas sino de que los jueces y fiscales actúen apegados a los principios y normas que garanticen la Tutela Judicial efectiva para cada persona en conflicto con la ley, analizando cada caso en concreto. Y que los jueces de Higuey se aparten de la frase aquella “que por meter preso no botan pero por soltar si”. A las palabras de este legislador les siguieron otros que fueron en comisión a investigar estos centros carcelarios y aunque apoyan la construcción de la nueva cárcel, se manifestaron en la misma línea que el parlante legislador anterior.

El suscribiente se sintió plenamente identificado con la postura de estos legisladores porque como testigo de excepción en días anteriores a esa sesión de la Cámara de Diputados hubo de tener una audiencia preliminar por ante el Juzgado de la Instrucción de Higuey presidido por la jueza CARINA COLOME, y el fallo dado a ese caso por esta administradora de justicia fue tan insólito como inexplicable que solo lo pude entender después que escuche a estos legisladores pronunciarse desde sus respectivos curules.

Esta jueza que me dicen que está recién llegada de la Jurisdicción Civil, tiene la valentía de rechazar las pruebas que, supuestamente, comprometen la responsabilidad penal de varios de los imputados y aun así, y sin ninguna prueba los manda a todos a juicio de fondo, y sin variación de la medida de coerción de prisión preventiva. Lo triste de todo esto es, que a pesar de que estábamos en frente a un caso sin pruebas directas y las indiciarias muy flojas, todos los abogados de la jurisdicción de Higuey apostaban su fortuna a que ese sería el fallo. Yo en mi ingenuidad y amante de la dignidad y ética de los funcionarios judiciales, les renegaba esa posición a mis colegas porque entendía que no había forma de motivar una resolución con envió a juicio, por lo menos para algunos de los imputados.

Los togados colegas de Higuey, fundamentaban que el fallo seria ese “auto de apertura y envío a juicio y sin variación” porque ésta jueza está llena de miedo como todos los jueces penales de la Jurisdicción de La Altagracia, y sobre todo, después que recientemente fue cancelado por el Consejo del Poder Judicial el magistrado que presidia el tribunal de La Instrucción de este Distrito Judicial. A los imputados y a nosotros cabizbajos solo nos queda esperar el juicio de fondo para recuperar la libertad de esos acusados.

Pero temiendo nosotros de que si el Consejo del Poder Judicial, y sus nuevos miembros, siguen permitiendo que los jueces se sigan comportando como sellos gomígrafos del Ministerio Público, no solo habrá que construir una nueva cárcel en Higuey, sino, treinta y dos cárceles una en cada provincia del país.

En Conclusión: Los malos deben estar en las cárceles, pero hay malos y otros que parecen malos pero que las pruebas con base en el debido proceso no lo señalan, y a estos por aplicación del conjunto de garantías mínimas que disponen La Constitución y las leyes se les debe juzgar conforme a las reglas del Debido Proceso y si no tienen vínculos con los delitos perseguidos favorecerles con su liberación. Recuperando la máxima famosa In dubio pro reo.

Marino Feliz Rodríguez

 

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