LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO

Por JUAN T H

Se supone que el Estado está formado por tres poderes, independiente uno del otro:
Ejecutivo, Justicia y Congreso. Ninguno está subordinado al otro. Pero en nuestro país
el Ejecutivo se impone sobre los otros, es lo que se llama un sistema presidencialista
que anula a los demás, que es precisamente lo que desea eliminar el presidente Luís
Abinader para fortalecer el sistema democrático, logrando que las instituciones
funcionen.
El presidencialismo, dice Rodrigo Borjas en su famosa enciclopedia política, “es el
conjunto de fundamentos y características del régimen presidencial, en que el
presidente es, al propio tiempo, el jefe del Estado y el jefe del gobierno y reúne, por
tanto, los poderes representativos inherentes a su primera calidad con los poderes
políticos y administrativos de la segunda”.
Si queremos fortalecer la democracia en sentido pleno y riguroso, es necesario
terminar con el presidencialismo. Cada poder tiene que jugar el rol señalado por la
Constitución. El presidente de la República no puede ser “ley, batuta y constitución”,
como en la dictadura. Eso ya no es posible, por lo menos en un régimen
auténticamente democrático.
El presidente designa los jueces, fiscales y determina el presupuesto del sistema
judicial. Es dueño del Consejo Nacional de la Magistratura, quitándole su
independencia, y por lo tanto su poder. Habría que modificar la Constitución actual
para darle al poder judicial su independencia plena. No basta con designar un
Procurador o procuradora “independiente”, cosa que no existe. La independencia la da
la ley, no una persona.
Igualmente el Congreso está sujeto a las decisiones del Ejecutivo, cuando lo controla el
partido de gobierno. No hay contrapeso en ese escenario
No obstante las facultades del jefe del Estado están consignadas en la Constitución, al
igual que las de la Justicia y el Congreso. El mandatario no tiene que inmiscuirse en los
asuntos de la justicia, ni del Congreso. Sin embargo no ocurre así. Lamentablemente
para la democracia que tan cara nos sale.
No es el presidente quien nombra los miembros de la Cámara de Cuentas ni de la Junta
Central Electoral, es el Senado. El mandatario no tiene (o no debe tener) “vela en ese
entierro”, como dice la gente del pueblo.
El artículo 180 de nuestra Carta Magna dice, en lo relativo a las funciones del Senado:
“elegir a los miembros de la cámara de cuentas de la ternas presentadas por la cámara
de diputados, con el voto de las dos tercera parte de los senadores presentes”.

“Elegir a los miembros a la Junta Central Electoral y sus suplentes con el voto de las
dos tercera partes de los presentes”. Como puede leerse, el presidente no interviene
en esos asuntos, son atribuciones exclusivas de los senadores. ¿Por qué tiene entonces
que el presidente decidir quien preside y quienes forman parte del órgano que
organiza y regula las elecciones donde se eligen los funcionarios públicos incluyendo al
propio mandatario?
Si vamos a fortalecer las instituciones del Estado, si vamos a respetar la independencia
de los poderes, hagámoslo tanto en uno como en otro. Que el Ejecutivo, Judicial y
Congresual estén separados. El presidente Luís Abinader cumplió con su promesa de
escoger un o una procuradora “independiente”, en lo que no creo, con lo cual la
llamada sociedad civil, en la que tampoco creo, porque no se moja el trasero pero se
come los mejores pescados, debe sentirse altamente complacida. Hasta ahí las
funciones del Presidente.
Hace días escribí en mi cuenta de twitter: “No sé cómo “la sociedad civil” se convirtió
en un partido político que sin estar reconocido como tal y sin ir a las urnas, parece
haber ganado las elecciones y el gobierno. (Caso único en la historia)
Un Estado Democrático de Derecho comienza por respetar y hacer respetar la
Constitución de la República en todos sus aspectos, no en los que nos conviene en un
momento determinado.

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