CONGRESO DEBE APROBAR LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

El Proyecto de Ley sobre Juicio de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, garantizado por el párrafo 6 del artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana, es la salvación de la proscripción de la corrupción administrativa, que el actual Congreso  debe aprobar como prioridad.

En estos procesos judiciales históricos que el Ministerio Público a iniciado, se destaca su independencia  y existe la intención clara y precisa de adecentar y transparentar las transacciones de los actos y bienes de la administración pública, por lo que se hace imperativo que el Congreso acelere el conocimiento del Proyecto de ley de extinción de dominio y que sea consensuado por un amplio sector intelectual que no deje que se convierta en un disparate más que haya que revisar y modificar.

El gobierno del expresidente Danilo Medina promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, sin embargo quedó pendiente la Ley de Extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, que fue objeto de muchos debates y aprobada en dos lecturas por el Senado de la República pero nunca promulgada.  

La propiedad privada adquirida legítimamente es un derecho fundamental protegido por la Constitución, la ley y el derecho internacional. Su reconocimiento está sujeto al cumplimiento de su función social, al orden público y al bienestar general. En consecuencia, este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos de actividades ilícitas, ni gozarán de protección constitucional ni legal cuando sean destinados a ellas.

Las actividades ilícitas, como es la criminalidad organizada, afectan gravemente los derechos fundamentales y constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible y la convivencia pacifica. Por lo tanto, existe la imperiosa necesidad de fortalecer la lucha contra la delincuencia, a través de un mecanismo legal que permita al Estado proceder sobre los bienes.

La extinción de dominio constituye un instituto jurídico, autónomo e independiente de cualquier otro proceso, dirigido a eliminar el poder y capacidad de la delincuencia.

La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna.

La extinción de dominio debe ser de naturaleza jurisdiccional, de carácter real en cuanto se dirige contra bienes, y se declara a través de un procedimiento autónomo, e independiente de cualquier otro juicio o proceso.

Propugnamos porque la acción, no prescriba nunca, y que esté vinculada a una persecución penal, civil o administrativa, contra una persona o entidad comercial.  Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato bajo la administración del organismo especializado creado o designado para tal efecto, el cual velará por la correcta administración de todos los bienes, de acuerdo con los principios de eficiencia y transparencia de la función pública.

LIC. JAIME FERNANDEZ LAZALA

ABOGADO Y POLITICO.

jaimeu_fl@hotmail.com

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