A PROPOSITO DE LA REFORMA EN LAS FF.AA. Y P.N.

Mag. Miguel Ant. Encarnación de la Rosa,

La población dominicana recibe con gran satisfacción las iniciativas de reformas en los cuerpos castrenses y policiales de la nación, que en atención al clamor de nuestra sociedad ha puesto en marcha el primer mandatario Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona, el cual con estricto apego a nuestra ley sustantiva, y en su condición de jefe de Estado, emitió el pasado martes 5  del presente mes de abril, el decreto número 161-2021, mediante el cual fueron designados los operadores del sistema de justicia militar en la República Dominicana, los funcionarios de justicia Militar entre los cuales se encuentran Jueces, Fiscales y Defensores Públicos de esa jurisdicción, fueron designados en cumplimiento a un mandato constitucional, ya que es la Constitución de la República que en su artículo 128 al referirse a las atribuciones del Presidente de la República, dispone que: “La o el Presidente de la República dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado”, y en el ordinar 1 del referido artículo, le atribuye de manera taxativa en su condición de Jefe de Estado, “ Nombrar o destituir los integrantes de las jurisdicciones militar y policial”; atribuciones que se encuentran contenidas en el literal C, de dicho ordinal.

Estas designaciones, amparadas en la Constitución y las leyes de nuestra república, constituyen un paso de avance para el sistema de justicia dominicano, ya que con el fortalecimiento de las jurisdicciones militares y policiales del país, se pone de manifiesto el interés tanto del poder ejecutivo como del alto mando militar y policial, de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas tanto de la clase civil como de los hombres y mujeres en uniforme, lo cual se ha venido llevando a cabo con la designación de la comisión de revisión y reforma del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, comisión que está integrada por connotados profesionales del derecho de la clase civil, dedicados al quehacer jurídico, así como doctrinarios del derecho penal, jueces, fiscales, defensores públicos, y sus anfitriones los juristas de las FF.AA. y de la P.N., todo esto con miras a establecer y definir con claridad meridiana la clasificación de las infracciones, crímenes y delitos de naturaleza puramente militar y policial, y que no se encuentran contenidos en nuestro Código Penal Dominicano, máxime cuando el artículo 5 de la normativa penal vigente dispone de manera inequívoca que: “Las disposiciones del presente código no son aplicables a las contravenciones, delitos o crímenes militares”. Esta disposición normativa deja claramente establecido que existen contravenciones, delitos o crímenes, que solo pueden ser cometidos por miembros de las FF.AA., o de la P.N., y que el código Penal Dominicano no los contempla, siendo además necesario establecer cuáles son aquellas contravenciones, delitos o crímenes de carácter mixto, por estar contenidos en nuestra normativa penal y que pudieran ser cometidos por militares o policía.

Una de las cuestiones más inquietantes es la errónea y farsa creencia de que tanto la jurisdicción militar como la policial son creadas para proteger o apañar las inconductas de los hombres y mujeres en uniformes, al ser estos juzgados por sus pares, esto ocurre como consecuencia de no tomarse en cuenta las transformaciones y cambios positivos que se han estado generando en las Fuerzas Armadas y de manera específica en la jurisdicción militar, cuando en tiempos pretéritos los integrantes de la jurisdicciones militares y policiales de nuestro país, no tenían que ser profesionales del derecho, lo cual no ocurre en la actualidad, ya que todos los operadores jurídicos militares y policiales, por disposición legal deben ser abogados o abogadas y cumplir con una serie de requisitos constitucionales y legales para su designación, parecería una contradicción, que aun cuando en las mentes de algunos  ciudadanos se alberga el criterio de que los militares y policías son favorecidos en los procesos que le son conocidos en estos tribunales especiales y especializados, resulta ser todo lo contrario, porque estos ciudadanos y ciudadanas en uniforme, ante la comisión de alguna contravención, delito o crimen, prefieren ser procesados por ante los tribunales ordinarios de la república y no por ante las jurisdicciones militares y policiales, por considerarla más drásticas y menos garantistas; lo cual no se corresponde con la realidad, ya que aun cuando las jurisdicciones militar y policial están sujeta al ordenamiento jurídico nacional, es la misma norma penal militar que exige al militar o policía un comportamiento ético y moral por encima de las exigencias prevista para un ciudadano de la clase civil, por ser los militares y policías los garantes de la soberanía nacional, la seguridad y la paz ciudadana, ya que el estado los forma, los capacita y le proporciona equipamiento para el buen cumplimiento de su deber.

Esta claramente definido que tanto la jurisdicción militar como la policial son jurisdicciones especializadas, y al existir la necesidad de garantizar los derechos fundamentales no solo de los hombres y mujeres en uniforme sino de todos los ciudadanos que por una u otra razón acudan a estos tribunales especiales, se hace imperativa la existencia de estos tribunales, para la mejor convivencia pacífica en la sociedad, Tribunales que existen y han existido desde la fundación de la república,  máxime cuando nuestra constitución al referirse a las Jurisdicciones Especializadas establece en su artículo 128 lo siguiente: “La ley dispondrá de la creación de jurisdicciones especializadas cuando así lo requieran razones de interés público o de eficiencia del servicio para el tratamiento de otras materias ”; de ahí que se hace preciso que los operadores jurídicos de la jurisdicción militar que de manera atinada, lógica y oportuna fueron designados mediante el decreto número 161-2021 de fecha 5 de abril 2021, deban acudir a la Escuela Nacional de la Judicatura para la capacitación y formación de los Jueces y defensores de la Jurisdicción Militar, así como los procuradores fiscales mediante su formación y capacitación en la Escuela Nacional del Ministerio Publico, el maravilloso plan justicia 20-24 que ha venido desarrollando nuestro Poder Judicial contempla dentro de sus ejes, proporcional al ciudadano una justicia pronta, oportuna, y gratuita, con tribunales constituidos por jueces independientes e imparciales, los conocimientos y capacitación son uno de los pilares de la independencia Judicial, la jurisdicción militar y policial es parte de nuestro sistema de justicia.     

Mag. Miguel Ant. Encarnación de la Rosa,

Juez Distrito Judicial de Pedernales

Pasado Juez Presidente de la Corte de Apelación, FF.AA.

Gral. de Brig. (r) ERD.

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