Consejo del Poder Judicial rompe silencio, enfrenta denuncias, emite comunicado
Desde hace varios meses se ha estado alentando a través de distintos espacios mediáticos y de
opinión, una campaña de descrédito y desinformación en contra del Consejo del Poder
Judicial y la persona de su presidente Luis Henry Molina Peña. Para ser
consecuentes con la prudencia que exige el rol judicial, el Consejo del Poder Judicial
había decidido mantener silencio ante tan desafortunadas e irresponsables
denuncias. Los niveles a que han llegado las mentiras difundidas empiezan a afectar, ya
no solo la reputación del presidente de la Suprema Corte de Justicia y el ánimo de los
miembros del Consejo (y sus equipos de apoyo). También atentan contra la
estabilidad del propio sistema de justicia debido a la difusión de inventos e
imprecisiones sobre su funcionamiento. Al malintencionado guión de mentiras, medias
verdades y francas desinformaciones sobre el funcionamiento y diseño institucional del
sistema de justicia, sosteniendo acusaciones irrespetuosas, infamantes y ofensivas, oponemos
la verdad.
Ha habido afirmaciones relativas a la forma en que opera el Servicio judicial,
que supone la posibilidad de dar seguimiento a los procesos judiciales y realizar
audiencias y gestiones con asistencia de la tecnología. Se ha querido instalar que tanto
los procesos de contrataciones como su operación han sido irregulares. Sin
embargo, todos los procesos realizados por los órganos de apoyo del Consejo del
Poder Judicial, así como por los comités, son públicos y regidos por las normativas
vinculantes. En el marco de un acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y el Consejo del Poder Judicial se realizó un proceso abierto,
internacional y transparente, siguiendo los estándares establecidos por dicho
organismo para la contratación de los procesos relacionados con la respuesta a la
pandemia y la virtualidad.
Contrario a lo que se quiere decir, no ha habido ninguna entidad privada relacionada
con el manejo y gestión de expedientes. Todos los recursos humanos
y tecnológicos que operan y tienen relación con los expedientes en el proceso son
internos.
El fortalecimiento del sistema de integridad es un compromiso y una prioridad del
Poder Judicial, soportado en los planes de trabajo y acciones de Visión Justicia 20/24.
El eje tercero del plan estratégico del Poder Judicial propone fortalecer y promover
buenas y eficientes conductas institucionales e incrementar la confianza de la
ciudadanía.
Desde el año 2019 se han desarrollado acciones para la transparencia que suponen la
publicación de indicadores y todas las informaciones de los procesos administrativos,
pasando del discurso y los planes a los hechos para promover buenas conductas y
calidad en las tareas administrativas. Dar mayor transparencia a las operaciones
administrativas del Poder Judicial, para que los ciudadanos puedan consultar en línea
y con total apertura verificar este desempeño.
Tal vez sea este tipo de políticas para la transparencia, demandada en todos los
rincones del país, las que mueven a sectores al irrespeto y la falta de rigor a la verdad
en sus denuncias en reacción al cambio o temor a consecuencias.
La campaña de descrédito mediático alude supuestas relaciones de confianza entre
personas que ocupan puestos del Consejo del Poder Judicial y el presidente del
Consejo. Todos los puestos existentes son validados por informe de Gestión Humana
y han sido parte de procesos de selección exhaustivos o concursos públicos
aprobados por este Consejo, bajo los estándares y rigores exigidos por las leyes para
cada posición. Reiteramos, además que la aprobación de estos procesos se da de
manera democrática y horizontal.
Cabe señalar que los servidores que acompañan la gestión del Consejo en los órganos
de apoyo son parte de un equipo de gestión que ha demostrado, con probidad y
eficiencia, que es posible hacer un buen trabajo en el sector público. Pecan de ser
eficientes y trabajar apegados a la ética, como ha sido patente en cada institución en
la que han servido.
Desde el año 1997 el sistema de justicia ha avanzado en la consolidación de su carrera
judicial, que es una garantía de independencia. Debido a su diseño institucional, la
estructura del Poder Judicial y la forma en que se toman las decisiones constituyen una
suerte de sistema inmunológico.
Cada tribunal administra jurisdiccionalmente sus casos de manera independiente y
como manda el ordenamiento jurídico. Las juezas y jueces son inamovibles y
responden a un sistema de integridad que tiene muy claras y delineadas las directrices
de su desempeño y las defensas de su independencia en el criterio de su trabajo. Las
problemáticas del sistema, recogidas y socializadas en múltiples ocasiones, son parte
de un trabajo continuo que apunta a dar mejores resultados de lo esperado en
menor tiempo de lo planificado.
La distribución de la carga de trabajo jurisdiccional no se produce de manera
discriminada como han mentido irresponsablemente, sino a través de sorteos
aleatorios, como establecen la ley y los reglamentos. No existe ninguna relación de
este aspecto con las modalidades de servicio implementadas en el pasado
reciente. El único interés del Consejo del Poder Judicial es implementar
políticas judiciales en beneficio de un servicio con mayor acceso, más oportuno,
transparente, íntegro y eficiente.
La independencia funcional consiste en la capacidad de cada tribunal de hacer
su trabajo de acuerdo a su criterio jurídico. Sin presiones ni intromisiones, buscar
justicia en buen Derecho y cumplir con las funciones encomendadas por la
Constitución y Leyes de la República, a través de sus instituciones.
El magistrado Luis Henry Molina Peña ha estado ligado por largos años a las mejoras
del sistema de Justicia. Sus aportes a la ‘primera ola de reformas’, a la
transformación, formación y tecnificación de la judicatura, así como su rol en la
reforma procesal penal, son un legado reconocido por todo el sector justicia tanto
nacional como internacionalmente.
El gobierno administrativo y disciplinario de la justicia conlleva atribuciones dadas
por mandato constitucional, legal y reglamentario, se da en un escenario institucional
colegiado, totalmente separado del curso jurisdiccional del sistema. Los miembros
del Consejo del Poder Judicial son elegidos por sus pares, en cada instancia, por cinco
años y no a dedo, como insiste la fábula que injuria y desinforma. Un órgano en el
que se toman decisiones por mayoría de votos. Contemplando mecanismos de
disenso que tienen constancia en las actas de las sesiones.
Siempre que se pretende poner orden y regular el cumplimiento normativo, velando
por el respeto a la ley, se producen este tipo de reacciones malintencionadas. Somos
conscientes de que no hay proceso perfecto y que el sistema de justicia debe continuar
su camino de transformación para poder satisfacer las demandas y necesidades que
tiene la sociedad en su conjunto.
Para lograr mejorar el sistema de justicia necesitamos construir en el diálogo. Dirimir
las diferencias y lograr que el servicio de justicia pueda dar lo que
esperan dominicanas y dominicanos. Pero las soluciones, las búsquedas compartidas,
el avance gradual, debe encontrar un espacio común: el diálogo genuino, respetuoso y
responsable. Las críticas son saludables al sano ejercicio de las funciones estales. Sin
embargo, estas deben hacerse en el marco del respeto, en rigor a la verdad y
estar encaminadas al fortalecimiento y la mejoría de las condiciones del servicio.
El Poder Judicial está consciente del desafío que representa la labor que llevamos
adelante. Continuaremos trabajando por mejorar la situación de la Justicia juntos.
Consejo del Poder Judicial
