Entidad internacional pide a gobiernos del mundo reconsiderar restricciones para venta y consumo de bebidas alcohólicas

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) advierte sobre el impacto de estas
medidas de los índices de comercialización de alcohol ilícito y sus consecuencias para los consumidores.
Las medidas tomadas por algunos gobiernos latinoamericanos como Panamá, México, Perú, Colombia y
República Dominicana, así como gobiernos de otras partes del mundo como Sudáfrica, Irán, Sri Lanka
entre otros, para enfrentar la crisis generada por el Covid-19 en el país han llamado la atención de la
Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) debido al impacto imprevisto que estas
restricciones tienen sobre la salud pública y la sociedad en general. En un informe publicado este mes
bajo el título de “Prohibición, alcohol ilícito y las lecciones aprendidas durante el confinamiento”, la
entidad advierte que el aumento en la demanda de alcohol ilícito que se ha registrado en los últimos
meses también amenaza la sostenibilidad de la industria nacional de bebidas alcohólicas y las
recaudaciones del Estado.
El documento analiza cómo el confinamiento y las restricciones para el consumo de bebidas alcohólicas
generaron numerosas muertes en diversos países del mundo por ingesta de bebidas adulteradas o de
fabricación artesanal, muchas veces consideradas como remedios caseros contra el Covid-19. En el
mismo se hace referencia al consumo de clerén con un alto contenido de metanol (con niveles de
concentración mayor al 50%) en nuestro país, lo cual provocó la muerte de más de 200 personas y
amenazó la salud de cientos de otras personas que consumieron este tipo de bebidas en 2020.
En adición a esto, el estudio describe cómo el aumento en el consumo de alcohol irregular ha permitido
que el crimen organizado obtenga más fuentes de financiación, al tiempo que se reducen las
recaudaciones de los gobiernos, ya que las bebidas alcohólicas de suministro legal son una importante
fuente de ingresos para muchos países. Del mismo modo, el informe señala que las restricciones
impuestas a la comercialización de productos legales de alcohol han afectado a la industria legítima al
punto de poner en peligro su generación de empleos, su proyección de crecimiento a largo plazo y la
capacidad de este sector para recuperarse una vez que se levanten las restricciones.
Sobre este tema habló recientemente el asesor senior de políticas de TRACIT, Esteban Giudici, quien
explicó que “por lo general, cuando se corta el acceso a un producto legítimo se genera un nicho de
mercado para todo lo clandestino y ese espacio se llenó rápidamente. Es un tema que hay que trabajar
arduamente y para el cual no hay muchos estándares internacionales”. El especialista aseguró que esta
problemática se ha replicado de manera global, pero destacó a países como la India y Sudáfrica, donde
las restricciones de consumo de alcohol dentro del confinamiento fueron revertidas cuando se
comenzaron a observar sus consecuencias.
Las lecciones aprendidas publicadas por TRACIT y las declaraciones de Giudici resuenan en un momento
en que el Gobierno dominicano, a través del Gabinete de Salud, continúa restringiendo la venta de
bebidas alcohólicas en todo el país a partir de las 6 de la tarde. Esta disposición no solo aplica para bares
y restaurantes, que de todas maneras deben cerrar sus puertas para acogerse a los horarios de vigencia
del toque de queda; sino también aplica a colmados y otros comercios que ofrecen servicio a domicilio.
El informe de TRACIT recomienda a los gobiernos a nivel internacional “evitar las leyes de prohibición
como medidas de respuesta de emergencia para proteger a las personas de la propagación del virus”,
pues la entidad asegura que “los beneficios no tienen garantías, mientras que las consecuencias
negativas son muchas y contraproducentes para los objetivos comunes de salud, empleo y economía”.

Del mismo modo, la organización internacional señala que “es vital asegurar la disponibilidad y el acceso
a productos legítimos que se ajusten a los objetivos de distanciamiento social sin inducir la demanda de
sustitutos ilícitos.” Adicionalmente, advierte que “se debe evitar la imposición de aumentos de
‘impuestos de emergencia’ al alcohol, ya que este enfoque de solución rápida podría terminar siendo
tan’ imprudente’ como la imposición de leyes de prohibición, lo que daría lugar a un menor consumo de
bebidas legales, a una menor recaudación de impuestos y a un aumento de la demanda de alternativas
ilícitas no gravadas y más baratas”.
La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito concluye que “es clave intensificar la
aplicación de un régimen de consecuencias para quienes participen en la actividad de comercialización
de bebidas alcohólicas ilegales con la finalidad de garantizar que este tipo de actividades de comercio
ilícito causadas por la pandemia no se conviertan en factores permanentes de la economía posterior a la
pandemia”.

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