Entre millonarios y pobres

Manuel Díaz Aponte

La gente espera ver el primer preso corrupto en la cárcel para aplaudir delirantemente. Ello podría comenzar a saciar la sed de Justicia en el país.

Es una de las principales aspiraciones de los dominicanos en esta etapa del siglo 21, que se agrega a viejos reclamos como la inseguridad ciudadana, falta de agua potable, vivienda, energía eléctrica y creación de empleos.  

En la década del setenta muchos dominicanos ofrendaron sus vidas en una lucha tenaz contra el gobierno de doce años de Joaquín Balaguer, que cercenó los derechos humanos y las libertades públicas e individuales.   

Si no hay una respuesta contundente del aparato judicial contra los escandalosos actos de corrupción que esperamos sean ventilados en los tribunales, es casi seguro que la población se lanzará a las calles a demandar justicia.

El pueblo no soportará ser burlado nuevamente porque estamos ante un sentimiento colectivo que demanda castigo para los corruptos.      

Hemos llegado a un punto crítico en lo que tiene que ver con la urgencia de aplicar la transparencia en el manejo de las instituciones y recursos del Estado. Pero a la vez, surgen nuevas voces que creen firmemente en que la pobreza que nos abate es consecuencia directa del robo del erario público.          

La reiteración del presidente de la República, Luis Abinader, con una gestión honesta y transparente así como de respaldar a la Justicia en la persecución contra los desfalcadores de los bienes estatales es un serio compromiso.   

¿Podrán los jueces eludir sus responsabilidades y el ineludible reto histórico de aplicar justicia cuando tengan que fijar posiciones ante las pruebas de actos de corrupción en las  administraciones gubernamentales del PLD, o de la presente gestión que pudieran presentarse?       

Ahora que se inicia el juicio de fondo por los sobornos de Odebrecht, algunos han perdido la fe de que esta vez haya consecuencias.

Una Perversidad

El expediente mostrenco que instrumentara el anterior Procurador General, Jean Alain Rodríguez, en la fase inicial de la investigación, tuvo como objetivo deliberado la exclusión selectiva de aquellos que recibieron altas sumas en cohecho.        

Nótese que no aparece ningún funcionario del gobierno de los 8 años de Danilo Medina en el expediente, aún cuando fue en ese periodo gubernamental donde más dinero en coima distribuyó la multinacional brasileña.  

No obstante, las nuevas autoridades que dirigen los estamentos judiciales en estos momentos tendrán la oportunidad de revisar esa situación y abocarse a profundizar las indagatorias del escándalo que sacudió a una docena de países.      

Causa indignación en el pueblo dominicano ver el listado de millonarios que ha parido la política al amparo de la corrupción.

El crecimiento patrimonial declarado ante la Cámara de Cuentas de funcionarios del pasado gobierno es una ofensa a un pueblo que todavía carece de los servicios esenciales.   

¿Será real el patrimonio jurado por el ex ministro de Turismo, Francisco Javier García, de 41 millones de pesos luego de permanecer 16 años en el cargo?

Este hombre sin hablar ni escribir el idioma inglés hizo de ese Ministerio un feudo personal, a tal punto, que es considerado uno de los burócratas políticos más ricos de la nación. 

Él es dueño, según revelaciones de Guido Gómez Mazara, de diversas torres de lujo en sectores exclusivos de la ciudad de Santo Domingo, entre ellos, Piantini.   

Pero García, como la mayoría de los hoy multimillonarios ex funcionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), llegó al poder siendo un simple “descamisado”.   

No tiene cómo justificar tanta riqueza aún con el lujoso salario que devengaba en el Ministerio de Turismo y de recibir una buena tajada en dólares por concepto de viáticos en los centenares de viajes oficiales que realizó al exterior.

La Procuraduría General se aboca a levantar una exhaustiva investigación sobre los patrimonios declarados por los funcionarios del anterior gobierno así como los actuales titulares.

La gente cree una burla la declaración patrimonial de Danilo Medina, de apenas 25 millones de pesos.   

En cambio, lo declarado por el presidente Luis Abinader, equivalente a 70 millones de dólares, es aceptado como real por la tradición empresarial de su familia. Y además, el actual mandatario no había ocupado ningún cargo público.

Rostro de la Pobreza

El rostro de la pobreza se expande por doquier en magnitud que podría desestabilizar el propio status quo.

Irónicamente en el país como en otras naciones con estratificaciones económicas y sociales similares se está produciendo un fenómeno singular y nuevo a la vez, la gente agotó la paciencia y parece decidida a perderlo todo.    

Ese “todo” sería la propia vida porque al final de cuentas sus esperanzas se las tragó la corrupción.

La desigualdad social de República Dominicana es lacerante,  dolorosa y preocupante. Y sobre todo, indignante. Las reacciones a las Declaraciones de Bienes Patrimoniales abren nuevas heridas en el debilitado cuerpo de los pauperizados.

La gente siente que los protagonistas del sistema se han burlado de aquellos que con mucho sacrificio pagamos impuestos, cumplimos con las leyes de la nación y llevamos una vida de constreñimiento para tratar de subsistir.

Políticos convertidos hoy en millonarios y que no pueden justificar ese crecimiento de su patrimonio, están acelerando la toma de conciencia de la población acerca de su futuro inmediato.

No sería sorpresa si la población se lanza a las calles a protestar si reeditamos la impunidad, dejando de aplicarse el peso de la ley a los desfalcadores de los bienes públicos.

La única posibilidad de que ello no ocurra es si realmente la Justicia le devuelve la confianza a la ciudadanía actuando con rectitud y firmeza contra los millonarios al vapor que cargaron con los recursos del Estado, particularmente en los últimos veinte años.

No olvidemos el respaldo popular alcanzado por el movimiento Marcha Verde y de aquellos jóvenes que valientemente escenificaron protestas en la Plaza de la Bandera, en Santo Domingo, demandando entre otras cosas el cese a la impunidad y castigo a los corruptos.  

El viejo refrán que reza: “A quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga”, no podrá nunca bendecir ese ladronicio, principal causante de la pauperización de la mayoría de los dominicanos y la desaparición de la otrora clase media.

La corrupción administrativa genera además marginalidad,  desempleo, inseguridad, deterioro de los servicios hospitalarios, policías mal pagados, crecimiento delincuencial y caos social.

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