Todos los procesos en materia de corrupción son nulos

Por Victor Livio Cedeño Jiménez

Como lo sugiere el titulo de este articulo: no hay dudas de que todos los procesos
celebrados en el país en material de corrupción, a partir del año 2002, ano de la puesta en
vigencia del nuevo “Código Procesal Penal”, están afectados de nulidad absoluta.
Los motivos son varios: en primer lugar, contravienen la Constitución y, sobre todo, los
tratados Internacionales con rango constitucional.
Es así que, en segundo lugar, todos los magistrados designados por el Consejo Nacional de la
Magistratura están signados por la nulidad de origen.
La cuestión es bien simple: como lo subraya el jurista Alejandro Matozo Gemignani, “existe
la necesidad de asegurar la transparencia en el procedimiento de selección de los jueces con
una representación plural y participativa, de modo que lo mas conveniente seria que el
poder mismo decida no participar en absoluto en la etapa de selección de los mismo”. (ver
su trabajo “La Selección de los Jueces y su Independencia”. Esta bien claro: con el también
jurista Juan Bautista Alberdi, podemos decir: “Indirectamente, hace la Justicia quien hace el
juez” (Idem). El lector se puede imaginar: En un sistema de perversión y corrupción
institucionalizado, como el impuesto en el país en los últimos veinte años, los magistrados
han sido seleccionados por miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que han
estado involucrados en los casos mas escandalosos de corrupción, incluyendo la barbaridad
de ODEBRECHT, incluyendo, además, a un Procurador General de la Republica— en
violación del principio de la Separación de Funciones—que en si mismo constituye un
cuerpo de delito.
En tercer lugar, muchos de los jueces que han participado en los diversos juicios sobre
Corrupción, están infectados por la nulidad de ejercicio: son actores secundarios de lo que
se llama “La sensualidad del poder”, de la que forman parte la prevaricación y la corrupción
oficial.
Para comprender mejor lo que decimos, solo hay que ver la reincidencia en materia criminal
y los numerosos escándalos que han sacudido al Poder Judicial, el cual esta totalmente
podrido. Solo a titulo de ejemplo, veamos algunas aristas chocantes, del famoso caso
ODEBRECHT:
a) El Juez de la Instrucción, no podía obviar la falta de ejecución de su propia decisión,
que mandaba al entonces Procurador General de la Republica a trasladarse a Brasil,
para cuestionar—se supone que en presencia de los abogados de los imputados–, a
los funcionarios correspondientes de la empresa corrupta, que se acogieron a la
delación premiada (ver artículo 301, del C.P.P.);
b) El juez de la Instrucción conocía que el Ministerio Publico no podía eludir las
querellas que, contra los imputados, interpusieron las Organización Participación
Ciudadana y otros particulares, en violación del articulo 85, del C.P.P., que establece
que “En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de
sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos,
cualquier persona puede constituirse como Querellante”.

c) El Juez de la Instrucción no podía alegar ignorancia en el sentido de que el
exprocurador General de la Republica, en la pantomima de un sainete selectivo, en
donde no estaban todos los que son, estaba fundamentando la persecución por
corrupción en la raquítica Ley 448-06, Sobre Soborno en el Comercio y la Inversión,
de fecha 6 de Diciembre del 2006, dejando afuera todos los tipos contemplados en
los Tratados de la OEA y de las Naciones Unidas, en materia de Corrupción;
d) Esta claro que el Ministerio Publico no podía decretar el archivo provisional en
contra de varios de los justiciables, puesto que esa materia era competencia de los
jueces, que habían conocido de las medidas de coerción.
e) Finalmente, la Suprema Corte de Justicia incurrió en el dislate de “Balcanizar” el
expediente, dividiendo el caso entre Primera Instancia y la Sala Penal del mas alto
tribunal, cuando lo que debió hacer era apoderar del caso completo a la Sala Penal
de la S.C. de J., acumulando la causa de todos los imputados, sobre todo porque,
debido a que el entonces Senador envuelto había otorgado su consentimiento al
Juicio, por lo que no se requería esperar el antejuicio (o sea la autorización del
Senado).
En ese sentido, se aseguraba a los justiciados el Recurso de Casación ante el pleno de
la S.C. de J., cumpliendo así con la Constitución y los Tratados Internacionales.
A nuestro juicio, y dado que han cambiado totalmente las circunstancias, lo que mas
conviene es anular todo el procedimiento del caso ODEBRECHT, y reiniciar el juicio,
luego de las investigaciones en Brasil, en los Estados Unidos y Suiza, con la
descodificación de los llamados Codinomes (seudónimos).
Hay otros aspectos que son comunes a todos los casos de Corrupción. Por un lado, la
Constitución, en su articulo 146, ordinal 3, establece el principio de la inversión de la
carga de la prueba; es decir corresponde al acusado probar el origen de sus bienes,
antes y después de haber finalizado sus funciones o a un requerimiento de autoridad
competente”.(Esta bien claro, que bien que no fue incluido en la Declaración
Patrimonial del Funcionario, es ilícito).
Por otro lado, el articulo 301, numeral 6, del C.P.P. establece, a propósito de la
Acusación, que “El juez ordena la corrección de los vicios formales de la Acusación
del Ministerio Publico o del Querellante”. En este sentido, como lo dice Javiera
Llovet Rodríguez, se trata de una excepción en cuando a la negligencia de una de las
partes en ofrecer prueba… El concepto de negligencia significa descuido u omisión,
pero se requiere además que ello sea manifiesto; es decir, patente, claro”. Y agrega:
“El tribunal del juicio oral y publico puede ordenar prueba para mejor proveer (ver
su libro “Proceso Penal Comentado”, P. 655 y s.).
Finalmente, a título de Conclusión;
Primero: No puede pretender el Gobierno que, aunque el Ministerio Publico sea
independiente, se podrá lograr condenaciones en tribunales dominados por el PLD;

y, Segundo: Como lo reconocen los expertos, no importa que el Poder Ejecutivo y
Legislativo, funcionen bien, si el Poder Judicial esta podrido. Los jueces son los que
dice la ultima palabra sobre los actos del Estado y la sociedad percibe la sensación
que si el Poder Judicial no sirve, tampoco sirven los demás poderes.

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