Clase política RD amarrada con nuevas leyes

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La clase política dominicana ha entrado en una fase muy peligrosa a nivel judicial porque existen mecanismos legales que permiten traducir  con sanciones el comportamiento alegre de cualquier dirigente político que ocupe posiciones publicas del nivel que sea.


La Ley de Extinción de Dominio, como la Ley de Lavado de Activos e Incremento Patrimonial injustificado facultan al Ministerio Público requerir informaciones financieras e intervenir cuentas sin tener que requerir una  sentencia que autorice dicha acción legal porque el fardo de las pruebas ha sido cambiado y quien tiene que probar que los bienes que posee han sido obtenidos legalmente es el investigado o imputado.
“De lo contrario, si no lo demuestra, los bienes  quedan en manos del Estado”, le explica a Primicias el jurista Jaime Fernández Lazala.
Fernández Lazala señala que la actuación alegre y complaciente de muchos funcionarios con el manejo de fondos públicos es un accionar que está llegando a su fin en vista de que existen mecanismos legales que permiten el escarceo y persecución al que no se someta a las normas requeridas por la ley.
El profesional del derecho dice que también existe la ley de archivo que castiga fuertemente al funcionario que destruya o desaparezca los documentos públicos de las actuaciones irregulares y los ordenadores que registren documentos públicos.
“Es oportuno resaltar en ocasión del escarceo de los sobornos y sobrevaluaciones de obras públicas que los jueces tienen una amplia libertad de actuar en forma diligente para sancionar esos delitos”, puntualiza.

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