Preocupa a ingenieros doble tributación y modalidad de cobro del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de La Construcción

Cibao Central
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En varias localidades de la región Norte del país, han surgidos quejas en torno a las presiones con fines de cobros de tasas ejercidas, principalmente, por los denominados inspectores del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (Fopetcons).  Profesionales académicos, principalmente ingenieros civiles y arquitectos, hacen saber que los representantes del Fopetcons se presentan en las obras en ejecución, a ejercer todos tipos de presiones para lograr pagos de una forma u otras.  Dándose los casos donde se incurre en el cobro directo y con valoraciones de las obras antojadizamente.


Los constructores, mayoritariamente miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, señalan que los obligan a la doble tributación dado que una parte significativa de ellos cotizan para la TSS, el IDSS y a la propia Fopetcons.   Es más, se producen casos en que los inspectores del Fopetcons reclaman el pago total de los porcentajes que establece la Ley 6-86, aún la obra ninconclusa, además exigen que se incluyan en nominas a personal recomendado por ellos como técnico y obreros en la obra.
Pero donde se sobre pasan, los señores del Fopetcons es en las llamadas notificaciones, generalmente las dejan con persona ajena a la obra y posteriormente se presenta una profesional del derecho acompañada de un personal uniformado perteneciente a la Fuerza Armada o la Policía Nacional, fusil en manos con el propósito de temorizar a los constructores o propietarios de obras y así lograr cobros directos y en efectivos.
Directivos del Codia y de otras instituciones ligadas al sector construcción, manifiestan sus propósitos de iniciar recursos legales ante los tribunales para declarar fuera de Ley el Fopetcons, dada la promulgación de la Ley que rige la seguridad social en República Dominicana.   Precisan, además, que la utilizan de agentes uniformados y armados con armas largas debe ser regularizado por las propias instituciones  militares y policiales, pues generalmente actúan fuera de jurisdicción y penetran en casas y oficinas sin mediar autorizaciones judiciales o el Ministerio Publico.

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