LA PROXIMA PARADA

Opinion
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Dejando de lado las consideraciones legales donde,  como ocurre con frecuencia, chocan las opiniones de destacados juristas, en este caso, unos sosteniendo que no procedía la homologación del acuerdo con la Odebrecht por haberse debido ajustar a la norma de “juicio abreviado” y otros, en cambio, que consideran ha sido válido aplicar el “criterio de oportunidad”, lo cierto es que se trata de un hecho consumado. 

A partir de esa realidad, entendemos que, por más que ha sido objeto de divulgación en la prensa matutina, lo procedente ahora es  insistir en los aspectos fundamentales del acuerdo,  que ha dado a conocer el Procurador General de la República y en los que va envuelto el compromiso de su credibilidad y accionar para su ejecución, a partir de este momento.

Lo primero es que la multa de 184 millones de dólares es la única sanción que correspondería aplicar a la Odebretch como persona jurídica, en caso de haber sido llevada a juicio. Su admisión pública de culpa, por lo demás de un delito ya confesado con anterioridad,  equivale a la sanción moral.  En cuanto al plazo de ocho años  para liquidar en cuotas los 154 millones de dólares que le restarían para el pago de la multa, descontando los 30 ya adelantados, con cláusula de prioridad en el cobro a favor del país, a excepción de Estados Unidos, Brasil y Suiza, resulta un tiempo mucho más reducido que los veinte que le concedió la justicia estadounidense para pagar la sanción que le impusieron allá.

Lo segundo es que excluidos del acuerdo, a los efectos de afrontar la posible responsabilidad penal,  quedan las sociedades, representantes comerciales, empleados, gerentes, comisionistas, agentes, asesores, intermediarios, consultores, empresarios, funcionarios y ex funcionarios y de manera expresa el señor Angel Rondón Rijo, quien admitió haber recibido los 92 millones de dólares, que habrían sido destinados a obtener bajo soborno los contratos de obras a favor de la Odebretch, con la salvedad de insistir en que dicha suma la recibió en concepto de honorarios por sus gestiones, una explicación poco convincente y con escaso margen de credibilidad.

Y lo tercero, que viene a ser lo más importante a los efectos de sancionar a los directamente involucrados en el escandaloso expediente de soborno, es el compromiso asumido por la Odebretch de entregar a la lista de los sobornados a más tardar el 19 de mayo.

Sin dudas, este es el aspecto más álgido del tema y el que originará de aquí a entonces mayores interrogantes y expectativas.  Hay quienes por anticipado expresan dudas de que en esa lista aparezcan los verdaderos “pejes gordos” y que, en cambio,  sean figuras de tercero y cuarto nivel tomadas como “cabezas de turco”. Es una realidad innegable que del contenido y alcance de los nombres que aparezcan en la misma dependerá en mucho los efectos positivos o negativos del acuerdo en el plano político. Es algo de lo que tienen que estar bien conscientes, tanto el Procurador General como el gobierno, en particular el Presidente Danilo Medina, quien en su discurso del pasado 27 de febrero, al abordar el tema, aseguró que al momento de imponer sanciones “no habría vacas sagradas”.

Como este expediente ha corrido como un tren que se va deteniendo en distintas estaciones del trayecto, la próxima parada es el 19 de mayo.  Veremos que ocurrirá entonces,

Todo ello sin excluir la necesaria revisión a fondo de todos y cada uno de los contratos de obras ejecutadas y en proceso por parte de la Odebretch para determinar posibles sobrevaluaciones,  su monto y el indispensable reclamo de reembolso al país, dado que ciertamente en buena parte de las mismas el costo final excedió con mucho el presupuesto inicial en unos porcentajes tan elevados que se tornan sospechosos.

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