A 30 DIAS VISTA

Opinion
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Para el miércoles  en la tarde, será que se anunciará la decisión que tome el juez Danilo Amador Quevedo, titular del Tercer Juzgado de Instrucción, sobre la solicitud de homologación del reintroducido acuerdo suscrito por la Procuraduría General de la República con la ODEBRETCH, declarado inadmisible en su primer intento por el magistrado José Alejandro Vargas, quien ahora se abstuvo de participar en el sorteo del expediente.

Según el Procurador General Jean Alain Rodríguez el convenio, cuyo contenido exacto no será dado a conocer hasta que sea homologado, conlleva el pago de 184 millones de dólares por parte de la empresa brasileña en un término de ocho años. Tal como establece la ley, dicha suma es la multa que toca pagar a la ODEBRETCH equivalente al doble de los 92 millones de dólares confesados como el monto de los sobornos  que pagó para obtener varios contratos de obras en el país.

Pero además y esta es la parte más importante desde el punto de vista legal y moral, siempre conforme a lo revelado por el Procurador, conlleva el compromiso de la compañía carioca de revelar en un plazo de treinta días, los nombres de las personas involucradas en este sucio escándalo, tanto el que entregó los sobornos como quienes lo recibieron.  Sería, pues, cuestión, de establecer un compás de espera a treinta días vista para satisfacer el creciente anhelo de la sociedad por poner freno a la corrupción y freno a la impunidad.

Ahora bien.  De por medio quedan dos interrogantes.

Una, si este acuerdo, una vez homologado, excluye el que se investiguen en profundidad todos los contratos realizados y que tiene en ejecución la ODEBRETCH en el país a fin de determinar con meridiana claridad, si ha habido sobrecostos en los mismos.  En la casi totalidad, la diferencia entre el presupuesto inicial y el costo final resulta abismal y excede con mucho el 25 por ciento establecido como norma de reajuste.  Estimaciones al ojo suman una cifra entre cuatro y seis veces el monto del soborno, por lo que quedaría por ver si la ODEBRETCH asumiría el reembolso.

La otra, si los nombres que ofrecerá la empresa son de tercera o cuarta categoría interpretando el papel de “chivos expiatorios”, tal como parece haber ocurrido en el expediente de los Tucanos, donde el único involucrado que guarda prisión, el coronel Carlos Piccini, “el hombre del maletín”, por su rango está muy por debajo del nivel de influencia requerido para haber obtenido un contrato que rondó los cien millones de dólares.  Y no son  cabezas de tan bajo nivel las que la gente quiere ver rodar.

De todos modos, el que espera lo más, espera lo menos.  Y como llevamos meses envueltos en el escándalo de la Odebretch, treinta días más de espera no resulta suficiente  como para perder el sueño.   

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