DE URGENTE INTERVENCION

Opinion
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No son infrecuentes las diferencias que surgen entre la empresa Lajun, concesionaria de la operación del vertedero Duquesa y los ayuntamientos del Gran Santo Domingo que depositan en el mismo la recogida de los desechos sólidos en sus respectivos ayuntamiento.

Pero en esta ocasión, el enfrentamiento parece haber llegado a un punto tal que hace obligada la urgente intervención del Gobierno Central, ante la posibilidad de una crisis sanitaria de grandes proporciones que ponga en riesgo la salud de la población.

Semanas atrás, la Lajun publicó en espacios pagados un comunicado en la prensa escrita divulgando las distintas tarifas que pagan los cabildos  que utilizan el vertedero y afirmando que resultan muy inferiores a las que son de aplicación en otros países.  Aducía, además, que no había recibido respuesta a más de dos docenas de cartas dirigidas a las respectivas autoridades municipales solicitando una reunión para renegociar las mismas.

El aumento  se produjo pero de manera unilateral.  La Lajun decidió por su cuenta incrementar las mismas y lo ha hecho en forma tan desproporcionada que ha motivado el más completo rechazo de los ayuntamientos.     La respuesta de la empresa ha sido reducir el horario de recepción de la basura de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.  

La medida resulta trastornadora. La limitación del horario obliga a los camiones recolectores a una espera de varias horas para poder descargar su contenido.  Y, obviamente, altera todo el proceso normal de recogida en los barrios y sectores de los distintos ayuntamientos. 

Bajo el principio de que la unión hace la fuerza, los alcaldes del Gran Santo Domingo se han unido para enfrentar esta situación que a quienes más perjudica es a los varios millones de habitantes que constituyen su población.  No solo se trata de las inconveniencias que puede representar el retraso en la recogida de basura producida en los hogares, negocios, hospitales e instituciones públicas, sino también y sobre todo, la grave situación de sanidad pública a que pudiera dar lugar.

De ahí, que los alcaldes estén reclamando del Ministerio de Medio Ambiente asumir el manejo del vertedero de Duquesa a fin de conjurar  la situación creada.   

¿Hasta dónde es esa acción posible desde el punto de vista legal?  ¿Hay previsiones en la ley en este sentido? ¿Alguna cláusula en el contrato con la Lajun que prevea esta situación? Al margen, resulta obvio que el gobierno no puede permitir que como consecuencia de este pulso entre la empresa y los ayuntamientos involucrados se pueda degenerar una  seria crisis de salud.

De una forma u otra, negociando o asumiendo el control de la operación si procede, el gobierno no puede desentenderse de un tema de tanta importancia aún cuando no figure como parte contratante.

Y de paso, poner su atención en la necesidad de sustituir el cada vez más inapropiado y conflictivo vertedero de Duquesa por instalaciones y mecanismos de disposición de la basura más modernos y apropiados, tanto desde el punto de vista sanitario como económico.  Sobre todo, en momentos en que se está poniendo tanto empeño en reducir los focos de contaminación, donde Duquesa obtiene las más altas calificaciones.

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