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Sun, Feb

El CNSS hace oficial la violación de su ley

Opinion
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La semana pasada dedicamos esta columna a denunciar la práctica de algunos micro y pequeños empresarios formales que registran personas como empleados sin serlo para beneficiarlos junto a sus familiares de la seguridad social a cambio del pago de la cotización más una compensación extra.
El ejemplo que dábamos es que una persona registrada con un salario mínimo vigente cercano a los 10,000 pesos mensuales, entonces pagaría a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) poco más de 1,900 pesos mensuales y puede recibir su seguro, además de incluir a su cónyuge y a cuantos hijos menores de edad tenga.
Hay trabajadores informales incluidos a la formalidad de esa manera y en forma adicional, en lugar de recibir salario, le pagan una cuota mínima al empleador que les hace ese favor.
Nuestro artículo de la semana pasada generó reacciones que nos motivaron a profundizar en las investigaciones, al punto que pudimos acceder a datos que demuestran que la situación es peor, pues no solo existe la mala práctica de incluir en el sistema de seguridad social como empleados a gente que no es empleada, sino que, además, el sistema los acepta con la asignación de ingresos muy por debajo del sueldo mínimo.
Estos son los datos que hemos obtenido, de muy buenas fuentes: El caso de los “empleadores” que reportan en sus nóminas a personas que no son parte de su personal es frecuente y la TSS ha tratado de combatirlo, pero hay situaciones que impiden a esa institución hacer su trabajo.
Resulta que los supuestos trabajadores no solo son reportados como tales sin serlo, sino que entran con un “salario” muy por debajo del mínimo establecido. Incluso, a la TSS han llegado reportes de empleados con sueldo de 500 pesos mensuales, lo que afecta seriamente el equilibrio financiero del sistema, ya que la institución paga por ellos y sus familiares un per-cápita igual que el trabajador reportado con salario real.
Por ejemplo, un trabajador reportado con un salario de 1,000 ésps mensuales, aporta al Seguro Familiar de Salud (SFS) el 10% del salario, es decir, 100 pesos mensuales.
Sin embargo, la TSS tiene que pagar por él y cada uno de sus dependientes el per-cápita establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), que es aproximadamente 1,013 pesos mensuales.
Imaginemos que el trabajador reportado con ese sueldo irregular y por debajo del mínimo tiene una compañera y dos hijos, la TSS recibe 100 pesos por su cotización y debe pagar a la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) 4,052 pesos para cubrir su seguro médico y el de sus familiares.
Lo más grave es que la Ley 87-01 de Seguridad Social establece en su Artículo 57 que “el salario mínimo cotizable será igual al salario mínimo legal correspondiente”, lo que en la actualidad serían cerca de 10,000 pesos mensuales.
Sin embargo, el propio CNSS emitió una resolución mediante la cual permite a los empleadores reportar cualquier salario por debajo del mínimo establecido solo poniendo un cotejo al lado del reporte, y el Sistema de la TSS tiene que aceptarlo como bueno y válido.
Esto, amigos lectores, es una evasión y engaño al sistema de seguridad social, autorizado por el CNSS en violación de su propia ley.
La TSS pudiera auditar a los “empleadores” que incurren en esa práctica para verificar su realidad en cuanto a las nóminas reportadas, pero su presupuesto es limitado y carece de recursos para contratar al personal que se dedique a eso.
“Si pudiéramos controlar que no se reporten salarios por debajo del salario mínimo de cada sector, evitaríamos el negocio que tienen algunas personas con la inclusión de supuestos trabajadores en nóminas a las cuales no pertenecen”, fue la respuesta del titular de la TSS, Henry Sahdalá, cuando le expusimos esa situación para confirmar la veracidad de los datos.
No nos queda otra que lamentar la mala práctica institucional de nuestro país, de aprobar leyes que luego son violadas por las propias instituciones encargadas de velar por su cumplimiento.
El CNSS aplica por resolución una medida que viola su propia ley y afecta seriamente las finanzas del sistema de seguridad social.
¡Qué barbaridad!