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Wed, Jan

MEDICAMENTOS FALSOS

Opinion
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El pasado año resultó muy productivo en la incautación de medicamentos falsos. 

Según la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA) la cantidad decomisada ascendió a más de 258 millones de pesos, una suma superior a todas las ocupaciones de fármacos falsificados durante el período 2003 a 2007, cuando se llevaron a cabo 203 operativos que arrojaron un balance de 223 millones de pesos en total.

Este incremento en la ocupación de medicamentos falsos conlleva una doble lectura.

Por un lado, es una evidencia de que las autoridades han puesto mucho mayor interés y esfuerzo en el combate a este criminal negocio que pone en grave riesgo la salud de los usuarios, y que así por desgracia ha ocurrido en más de una oportunidad.

Pero por el reverso es también un indicativo del elevado volumen  que alcanza el comercio de fármacos ilegales en el país, y que en mas de una ocasión, los propios laboratorios de medicamentos que operan de manera legal en el mercado nacional hacen ascender a posiblemente mil 500 o más millones de pesos anuales.

En el informe que rinde la Procuraduría destaca el importante aporte a su labor que realiza la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF).

Por espacio ya de muchos años, la ARAPF ha mantenido una sostenida campaña de advertencia al público sobre el elevado riesgo que para su salud, y aún su misma vida, comporta el consumo de medicamentos falsificados, incluyendo en esta clasificación los traídos de contrabando sin la garantía de un distribuidor local tanto como los vencidos, re-etiquetados y utilizados cuando ya han disminuido sensiblemente o perdido del todo su poder curativo.    

Pero además, la ARAPF ha colaborado estrechamente con PEDECSA en la ubicación de los falsificadores de medicamentos, la ocupación de cuantiosos lotes de estos y el sometimiento de los responsables a la Justicia.  

De hecho, fue gracias a las gestiones de ARAPF que el Código Sanitario que rige en el país, estableció fuertes sanciones económicas y penales de hasta 10 años de prisión para los responsables en los expedientes de medicamentos falsos. 

Hasta ahora que se sepa, nunca se ha impuesto una sanción de ese monto, y en general las sentencias que se han dictado distan todavía mucho de corresponder con la gravedad del delito.  Cabe esperar que en el futuro, los jueces se muestren más enérgicos y emitan fallos que contribuyan a desincentivar este tipo de infame comercio, al que aparecen vinculados elementos influyentes en el campo político.

Por lo pronto cabe saludar los mayores esfuerzos que está desplegando la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y felicitarla por los significativos logros que registró el pasado año, al tiempo que destacar, una vez más,  el sostenido trabajo que a lo largo de tantos años ha venido desplegando la ARAPF en apoyo de la misma, y  en el cual ha invertido sumas millonarias.

Solo cabe esperar que en el futuro, la gravedad de este tipo de delito sea debidamente categorizado por los jueces al momento de dictar sentencia contra sus autores, aplicando con el debido rigor las sanciones que estable el Código Sanitario.