LA ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS EN UN ESTADO SOCIAL DEMOCRATICO DE DERECHO

Por: Juan B. Sánchez Espinal
De acuerdo al artículo 7 de la Constitución, “la República Dominicana es un Estado
Social y Democrático de Derecho…fundado en el respeto de la dignidad humana, los
derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e
independencia de los poderes públicos”, y el artículo 8 de dicho texto constitucional,
dice que “ Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la
persona…”
Entre los derechos fundamentales cuyo disfrute efectivo debe garantizar el Estado
Dominicano a los habitantes de nuestro hermoso territorio, está el derecho humano a la
alimentación, el cual está prevista en la Carta Magna en su artículo 54, bajo la
denominación de seguridad alimentaria, dedicándole algunas expresiones explicativas
de ese concepto, quedando claro que el mismo se refiere, en lo fundamental, a la
protección del derecho a la alimentación de los seres humanos.
El derecho a la alimentación está contemplado en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (artículo 25), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (artículo 11), el cual fue promulgado por el Poder Ejecutivo en
fecha 14 de noviembre de 1977, comprometiéndose el Estado Dominicano al ratificar
dicho pacto a tomar “…las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho…”, y en la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, Argentina, (artículo 31, literal J), y en la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de1948, de Bogotá, Colombia (artículo
11).
De acuerdo a la Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU, dictada en Ginebra, Suiza, del 26 de abril al 14 de
mayo de 1999, “El derecho a la alimentación adecuada se eferce cuando todo hombre,
mujer o niño, ya sea solo en común con otros, tiene acceso físico y económico, en
todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla…”
La alimentación de las personas en un Estado Social, Democrático y de Derecho como
se proclama el nuestro, es de vital importancia para que dicho tipo de Estado tenga
existencia real, debido a la naturaleza elemental de este derecho y en razón de que las
personas que no disfrutan en la práctica del mismo ven afectados negativamente el
disfrute de sus demás derechos, destacándose entre éstos el derecho a la vida, a la
salud física y mental, a la integridad personal y a la dignidad humana.
Históricamente, grandes segmentos de nuestros pobladores han sufrido hambre y mal
nutrición debido, básicamente, a la desigualdad social que arrastra el país desde hace
décadas, la cual prevalece.
El artículo 39 de la Constitución de la República consigna el derecho a la igualdad, sin
importar, entre otras cosas, la “condición social o personal” del ser humano, lo que
significa, independientemente de cualquier otra consideración legal, que todos los


habitantes del territorio nacional deben ejercer real y efectivamente, en la medida de lo
posible, el derecho a la alimentación, contemplado como establecemos en párrafos
anteriores en nuestra Ley de Leyes, y en tratados internacionales, de los cuales el país
es signatario.
El abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats, en su libro Derecho Constitucional,
volumen II, página 429 (Santo Domingo, R. D., Febrero 2012, impresión Amigo del
Hogar), sostiene el criterio, que compartimos, de que existe un “núcleo esencial de los
derechos sociales”, en ausencia del cual el Estado Dominicano estaría incumpliendo
sus obligaciones constitucionales e internacionales.
Entre los derechos mencionados en ese núcleo esencial se encuentran “un derecho de
asistencia social a las mujeres embarazadas o madres en desamparo…un mínimo
adecuado de protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la
vejez, alimentos…”

*El autor es abogado. Perteneció al Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones
Legales (CEDAIL).

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