Observatorio Educativo sugiere al MINERD no recibir presión de grupos empresariales para reapertura de clases presenciales

El Observatorio Educativo Prof. Juan Valdez consideró que las autoridades del Ministerio de
Educación no deben de ceder a presiones de grupos empresariales, que solicitan urgente
reapertura de las clases presenciales, por considerar que no existen las condiciones físicas ni
sanitarias para cumplir con el protocolo anti COVID-19 que le garantice la salud a toda la
comunidad educativa.
“Es muy preocupante y desorientador la exigencia de la reapertura de las escuelas por parte de
grupos empresariales bajo el argumento de que no se está garantizando la calidad con la
educación a distancia, y lo más alarmante es toda la desinformación, los intereses unilaterales y
los mitos educativos y de salud, en los que se basan estas solicitudes”, subrayó.
El observatorio consideró que la vuelta a la escuela presencial en estos precisos momentos y en
las condiciones de infraestructura física que mantiene la mayoría de los centros educativos del
país, implicaría poner en mayor riesgo la vida de los estudiantes y docentes del sistema
educativo nacional.
En tal sentido, consideró que las desafortunadas circunstancias podrían aprovecharse para el
desarrollo de competencias blandas para la vida, lo cual tendría mucho más impacto en el
futuro de los estudiantes que el contenido de muchas asignaturas formales que se imparten en
el sistema tradicional.
Dijo que los empresarios que abogan por el urgente regreso a clases presenciales, basándose
en una supuesta preocupación por la calidad de los aprendizajes, mantienen una visión
educativa del siglo XVIII, que concibe a la escuela con una mentalidad industrial, en la cual los
estudiantes y docentes son considerados como artículos de una línea de producción, que no
debe parar.
Consideró que la educación no es sólo un tema de matemáticas, ciencias, lenguaje y economía,
sino, que preservar la vida y educar para la vida, debe siempre ser la prioridad de las
autoridades de educación de la República Dominicana.
Sugirió a las autoridades educativas que antes de adoptar cualquier decisión tomen en cuenta
la nota técnica realizada en diciembre pasado por la División de Educación del Banco
Interamericano de Desarrollo titulada “Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe”, así
como los resultados de las investigaciones del Observatorio Educativo.
El Observatorio indicó que la mayoría de las escuelas públicas no cuenta con las
condiciones de tamaño de aulas, que permita el cumplimiento de los protocolos de

distanciamiento físico, para un regreso presencial a clases de toda la matrícula de
estudiantes.
“En términos de la capacidad de ofrecer condiciones básicas de saneamiento e
higiene, aproximadamente uno de cada tres centros educativos no tiene suficientes
baños o estos están en estado deficiente. Asimismo, el 30% de los centros carece de
inodoros y lavamanos suficientes o los que tienen, están en estado deficiente; el 63%
de los centros educativos no cuenta propiamente con un salón de profesores, lo cual es
un espacio indispensable, para proteger a la población escolar más propensa a
contraer el virus del COVID-192”, subrayó.
Señaló que una importante proporción de los centros educativos del país no tiene agua
de la llave en los baños, la cocina y el área de limpieza, constituyéndose en un serio
riesgo para la salud y el bienestar de los estudiantes y personal del centro. En ese
sentido, consideró que lo urgente es enfocarse de manera prioritaria con la mejora de
la infraestructura escolar y en formar a los equipos docentes y administrativos de los
centros educativos sobre los protocolos a ejecutar.
Con respecto a los recursos humanos, el Observatorio Educativo entiende que las dificultades
para regresar a clases presenciales de muchos docentes y la implementación de
modelos híbridos definitivamente van a requerir incorporar nuevos docentes.
“Actualmente, existe una escasez de profesores por distintas áreas académicas,
estimado en más de diez mil docentes, sobre todo en preescolar, primaria, lenguas
extranjeras, Artes y TICS. Por lo tanto, plantea que antes de decidir sobre el regreso a
clases presenciales, el ministerio de educación requiere de una cuidadosa planificación
de la demanda y oferta de docentes”, dijo.
En lo que respecta al acceso a las TIC, electricidad y conectividad, el Observatorio
Educativo entiende que se debe de tomar en cuenta el acceso a la conectividad y a los
recursos tecnológicos en los hogares y en las escuelas, que en la actualidad es muy
deficiente.
“Más del 68% de las niñas y niños en edad escolar vive en hogares que no tienen
conexión a Internet; mientras que el acceso masivo a internet en las aulas escolares,
es muy limitado. Igualmente, las deficiencias en la provisión de electricidad a las
escuelas son ampliamente conocidas. De hecho, más del 30% de las escuelas a las
que sí llega electricidad en horario escolar, no cuenta con enchufes e iluminación
funcional. Por lo tanto, en términos de calidad educativa, debe considerarse que esto
representa un enorme desafío para la calidad pedagógica, especialmente en zonas
rurales”, indicó.
Con relación al financiamiento en la educación, el Observatorio entiende que La recuperación
del sector educativo requerirá del uso cauteloso de los recursos financieros adicionales
que se han asignado al Ministerio de Educación, así como mejorar su distribución. “Las
enormes desigualdades para un eventual regreso presencial a clases, ponen en foco la

necesidad de incorporar criterios de equidad y de priorización de poblaciones
vulnerables.
En este sentido, consideró que el financiamiento de la educación, así como una
asignación de recursos equitativa y eficiente son claves, para garantizar el derecho a
una educación de calidad para todos”, subrayó.

Dijo que para considerar la vuelta a clases presenciales, el Ministerio de Educación
requiere sistemas de información para la gestión educativa robustos que permitan
planificar, formular y administrar sus estrategias y protocolos y el Estado tiene la
urgente necesidad y la responsabilidad de planificar y definir acciones prioritarias, más
allá de las presiones e intereses de grupos empresariales, para poder garantizar la
seguridad de las operaciones escolares y priorizar la atención educativa a las
poblaciones más vulnerables.
Advirtió que las respuestas educativas ante la Pandemia del COVID-19 no deben ser
guiadas por intereses empresariales, ni por las perspectivas sesgadas de algunos
centros educativos privados, sino que deben estar basadas en los principios
fundamentales de la ciencia, la inclusión, la equidad y la no discriminación; pero, sobre
todo, en lo prioritario que debe ser para el Estado Dominicano preservar las vidas de
los más de 2.3 millones de estudiantes y docentes del sistema escolar público, ya que
no se educa para la escuela, sino para la vida.

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