LA “VENTA” DE POSICIONES EN EL ESTADO

Por. Domingo Rojas Pereyra.  

Lamento decirlo, pero la “venta” de posiciones o puestos de trabajo en el Estado, es una práctica vieja en la Patria de Duarte. En los casos de los diputados, regidores y otros cargos de elección popular, a partir de la creación de las leyes números 33-18 y 15-19, el “negocio” se tornó más difícil para los mercaderes tradicionales. El país está lleno de ejemplos de esas acciones corruptas y antidemocráticas. 

En el caso de la “venta” de posiciones, la enajenación de la “mercancía” y el “crédito” es más “segura”, es decir, la “inversión” está amparada con una garantía “sólida”, un título que es el nombramiento. Veamos el siguiente ejemplo: A una persona a la que se le “venda” un puesto público en que el salario sea de 200 mil pesos mensuales, puede sin ningún problema buscar con el mismo nombramiento un préstamo de un millón de pesos ante una persona moral o física y pagarlo al “vendedor”. 

Otro desgarrador caso es que, si la persona o “comprador”, es de mucha confianza podría hacerle un pago mensual al “vendedor” de 100 mil pesos para terminar en diez meses y si el pago es de 50 mil pesos duraría veinte meses para concluir la deuda; todo lo demás supuestamente sería “ganancia” para él o ella. En este execrable tipo de “negocio”, el “vendedor” por lo regular usa la técnica de las empresas inmobiliarias: hacen que el cliente con el “título” o nombramiento tome un préstamo y liquide la deuda contraída con el dueño del inmueble. 

El nombramiento es un “título” que genera un bien mueble o “mercancía” que es el dinero. La persona con la facultad de recomendar, gestionar o firmar un nombramiento es un empleador que se convierte en un “acreedor” frente al empleado designado que es el “deudor” necesitado del empleo. 

Se trata de un “negocio” rentable ya que la inversión del “acreedor” radica en una gestión o la firma de un nombramiento. Hace ya varios años en mi condición de abogado me encontraba en Palenque, San Cristóbal, con un cliente en una diligencia de trabajo, a mi cliente lo llamaron por teléfono y le indicaron que fuera a una casa urgente ubicada en la avenida Antonio Guzmán Fernández (antigua Privada), me dijo que le acompañara; en el camino me dijo que se trataba de que le “venderían” el Consulado de República Dominicana en Tokio, Japón. Incrédulo, no niego que sentí mucha curiosidad por saber quién era el osado que se atrevía a realizar semejante “oferta”, conocer de qué se trataba todo esto… Para no alargar la historia, mi cliente varios días después del encuentro que tuvo con el “ofertante” me manifestó que se había vuelto a juntar con esa persona a la cual le pagó un adelanto de 400 mil pesos, el hecho había ocurrido el 19 de agosto de ese año, es decir, tres días después de la juramentación del gobierno de ese entonces. 

La persona “vendedora” no pudo cumplir su “compromiso” y fue amenazada por mi cliente con denunciarle, para que le devolviera el dinero. Así pudo recuperar su capital “invertido” como adelanto a cuenta… Por eso dije que la venta de posiciones es una vieja práctica en el Estado dominicano, la cual saludamos sea perseguida, denunciada y sancionada de forma ejemplar en el gobierno del cambio, presidido por Luis Abinader Corona. 

Resulta nefasto para la política y los asuntos gubernamentales, el que algunos perversos usen el manejo de información en cierto modo privilegiada y puedan decir: “que hablaron con alguien” o que él o ella misma abusen de forma grosera de la cuota de poder de decisión que fue puesto en sus manos con la confianza del presidente de la República, un ministro, administrador o director general, para esquilmar a un desempleado desesperado y en otros casos a un trepador y oportunista con el embeleso de nombrarlo en tal o cual posición estatal, pero que antes o cuando lo nombren hay que gratificarlo con “algo”.  

Se usa el libre comercio, la oferta y la demanda de forma repugnante y descarada. Quizás, por eso algunas personas sin mérito académico, personal o político alguno han logrado escalar posiciones en las que el salario que devengan, no se corresponde con un derecho y credenciales comparativo, ni competitivo. ¡Digamos no a la corrupción en todas sus manifestaciones!  

El autor es abogado y dirigente político. drojaspereyra@yahoo.es

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