Transparencia pública

Danilo Cruz Pichardo
danilocruzpichardo@gmail.com

La Ley 311-14 es una versión modificada y actualizada de lo que fue la
ley No. 82, sobre Declaración Jurada de Bienes. Depositar un documento
notarizado, ante la Cámara de Cuentas, que exprese el patrimonio de un
funcionario público, es un simple requisito legal. Se hace tanto al llegar a
un cargo como al abandonarlo.
Se observa mucha sorpresa con el corre corre que se ha armado entre
los funcionarios, porque nunca antes ningún presidente de la República
había advertido sanción para todos aquellos que no cumplan con esa
normativa. No había hábito de respeto a la Ley 311-14 y la Cámara de
Cuentas, organismo supuesto a dar seguimiento, se tornó infuncional.
Más que ocasionar sorpresa y la gente ponerse a opinar en torno a la
fortuna de funcionarios entrantes y salientes lo que aconseja el momento
es saludar al jefe de Estado por procurar que se cumpla la ley. Es una
medida que se inscribe dentro de un conjunto de pasos encaminados al
adecentamiento de la administración pública.
Nuestro país alcanzó niveles alarmantes en el pasado reciente, en
materia de corrupción pública e impunidad, en el ámbito mundial, pues
organismos internacionales nos presentaban de puntero en malversación
de fondos estatales, peculado y falta de institucionalidad, entre otras
variables estudiadas.
Que bueno que se hacen esfuerzos para superar esa percepción y que
los recursos del contribuyente (¡Por fin!) tendrían un mejor destino.
Fuimos testigos presenciales de un verdadero festival, derroche y robo de
los fondos del Estado.
Aunque fue bajo amenaza, la declaración jurada de bienes, de parte de
servidores estatales que tienen bajo su responsabilidad el rendimiento de
cuentas, es saludable. Y es una de varias medidas que tienen la finalidad
de evitar el desvío de recursos del contribuyente.
Ya antes se había designado al licenciado Carlos Pimentel,
representante de Transparencia Internacional en el país, como director de
Compras y Contrataciones del Estado. También fue una medida de alta
aprobación pública la designación de la doctora Miriam Germán Brito, en
la Procuraduría General de la República. Es una profesional independiente
al partidarismo político y adornada de buena reputación moral o prendas
éticas.
Son medidas que merecen reconocimiento, indistintamente de colores
políticos, en el marco de un ejercicio periodístico desapasionado.

Reconocerlas nos dota de moral para desaprobar cualquier inconducta
gubernamental que eventualmente pueda registrarse en el futuro. Luis
Abinader actúa de forma correcta, por lo menos en lo que toca a la
transparencia en la administración pública.

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