El problema de la mente estrecha

Por Néstor Estévez.
Gran debate ha suscitado la aprobación, en la Cámara de Diputados, de un proyecto que
modifica el artículo 7 de la Ley que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA).
La Ley 5994, del año 1962, crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
“con la finalidad de satisfacer plenamente las necesidades y demandas de la población
urbana, peri urbana y rural del país ubicada en su área de jurisdicción operacional, con
servicios de agua potable”.
El artículo 7 de esa Ley establece que el director ejecutivo de INAPA “deberá ser Ingeniero
Civil con grado de especialización en Ingeniería Sanitaria”. Con la modificación aprobada
se abre la oportunidad para que otros profesionales (como Wellington Arnaud, que es
abogado y ha sido propuesto para nuevo titular) puedan ocupar esa posición.
Términos como “desatino brutal”, “falta de institucionalidad” y “puñalada trapera” son
algunos de los usados por quienes critican la decisión de los diputados. Por otro lado, se
plantea que “ninguna legislación debe limitar que un ciudadano sea nombrado en el
Estado porque sería violatoria de los derechos fundamentales establecidos en la
Constitución de la República”, como argumento de quienes apoyan la decisión.

¿Cuál es el problema?
Lo complejo de opinar en torno al tema es que, quien lo critique parece estar en contra de
Wellington Arnaud, del PRM y hasta del recién instalado gobierno; mientras que quien lo
apoye parece merecer calificativos como: gobiernista “a rajatabla”, antiinstitucionalista,
entre otros por el estilo.
Pero, ¿dónde está el real problema? El tema no es si Arnaud asume o no como director
ejecutivo de INAPA. Y no lo es porque, como ha de ser bien sabido, cualquier tema puede
servir como desviador de la atención para lograr propósitos reales. No lo es porque, en la
medida en que nos concentremos en casos particulares y aislados, los reales problemas
nacionales siguen la ruta de la procrastinación.
¡Cuán motivante sería contar con una Cámara de Diputados comprometida y decidida a
corregir y modernizar legislaciones obsoletas! ¡Cuán oportuno sería lograr un pacto de
cara a modernizar cada estamento desfasado! ¡Cuán motivante resultaría un gran acuerdo
para generar procesos orientados a que en República Dominicana se viva dignamente, con
equidad e igualdad de oportunidades, con justicia social!

Una vergonzosa incoherencia
Una de las áreas que marcan el ritmo de los avances que vive la humanidad es la
comunicación y, junto a ella, el uso de modernísimas tecnologías. Sin embargo, en
República Dominicana nos regimos por el Reglamento 824, de 1971, que sirve como
soporte a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Ese reglamento, con ligerísimas modificaciones en 1974, guarda grandes similitudes con el
Reglamento 995, de 1955, y el original, con el número 5906, emitido por Trujillo en julio
de 1949, en base a la Ley 1951, de marzo del mismo año.
Como es fácil suponer, el término “internet” y la expresión “redes sociales” brillan por su
ausencia en los referidos documentos. Una ojeada rápida permite encontrar que, en el
Artículo 83 del Reglamento 824 se dispone que “todas las estaciones de radio y televisión,
estarán en la obligación de encadenarse, cuando se trate de informaciones trascendentes
para la nación, igualmente lo harán, cuando el Presidente de la República vaya a dirigirse a
la Nación”.
¿Quieren más? Esta joya aparece en el Artículo 104: “Ningún locutor podrá transmitir
noticias alarmantes, tales como fuego, ciclones, inundaciones, etc., sin que esta noticia
haya sido aprobada y debidamente autorizada por la autoridad competente”.
Sería parte de un trabajo mucho más amplio explicar la incidencia de los medios
electrónicos de difusión, así como de los espectáculos y otras actividades de masas, en las
formas de pensar y actuar de las personas en cualquier sociedad.
Sin embargo, casos recientes y muy sonados, como los de “Mami Jordan” y “Don
Miguelo”, pueden resultar bastante aleccionadores en relación con el drama que, en
términos de incidencia en las masas, niveles de degeneración y control social, vivimos en
República Dominicana.
¿Cuándo estableceremos reales prioridades para actualizarnos? ¿A quién le conviene que
no aprendamos ni dediquemos tiempo para pensar? ¿Quién se beneficia de una sociedad
con abundante mente estrecha? ¿Cuáles serían las consecuencias de expandir nuestros
enfoques y modos de pensar?

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