Procurador Independiente

                                   POR JOHNNY TEJEDA.

En el marco de los clamores exteriorizados actualmente, por un gran segmento de la sociedad dominicana, se encuentra la necesidad de investigar y, perseguir al grueso de funcionarios públicos del gobierno del PLD, en el entendido de que una gran cantidad de ellos, en especial los que integran la cúpula de ese partido, por haber cometido supuestos actos de corrupción, en desmedro del estado dominicano. 

En el orden de la situación planteada, se abre la discusión referente, a la precaria fortaleza institucional de la judicatura dominicana, así como también de la dependencia del Ministerio Público.

Cabe decir en relación al tema en cuestión, que en nuestro país, el presidente de turno es quien conforme el contenido de la constitución vigente, queda facultado para nombrar al máximo representante del Ministerio Público, que lo es el Procurador General de la República, quien a su vez se convierte en jefe del resto de los fiscales del país.

Como se advierte conforme lo que acabamos de expresar, que si el máximo representante del Ministerio Público, es un subalterno del presidente de turno, es en definitiva, por lo que éste último termina siendo la mayor autoridad de ese estamento de la justicia dominicana.

En el ámbito de lo ya señalado queda claro, el gran nivel de autoridad tenida por el presidente de la República, en relación a los procesos judiciales que se apertura, específicamente en materia penal, por lo que si se quiere generar una mayor independencia del ministerio público, a los fines de que pueda llevar a cabo las investigaciones que deba hacer sin ningún tipo de injerencia del poder ejecutivo, es inexorable quitar de las manos del presidente de turno, la facultad para designarlo, modificando la constitución actual, a los fines de que tal situación pueda ser lograda.

Otro Aspecto que debe de ser planteado, a los fines de seguir reduciendo la injerencia del poder ejecutivo en los asuntos del poder judicial, es el que se refiere a la participación del Procurador General de la República, en el Consejo Nacional de la Magistratura.

En ese sentido, debe aprovecharse las posibilidades de modificación constitucional, a los fines de ser excluido de dicho consejo, dejando la configuración del mismo como se encontraba anteriormente, sin la presencia de dicho funcionario. 

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