El presidente Abinader y la justicia independiente

Por Doctor Víctor Livio Cedeño J.


El presidente Abinader, a nuestro juicio, debiera sobreseer la designación del Procurador
General Independiente, hasta después de la toma de posesión.
Una razón es que, hasta ahora, sobre el tema hay una enorme confusión, lo que ha
generado muchas opiniones sesgadas. La otra razón es que el “Procurador Independiente”
no es una especie de “Chapulín Colorado”, que podrá resolver todos los problemas que
presenta la “justicia” en la República Dominicana. En ese sentido, la lucha contra la
corrupción es solo una dimensión, de los resultados que tienen que evaluarse cuando se
enfoca el Poder Judicial.
Es decir, el desempeño de ese poder tiene una gran incidencia en los índices de
delincuencia, seguridad pública, índice de procedimientos, de reincidencia, de justicia para
las víctimas de los crímenes y el grado de satisfacción con la manera en que se resuelve los
litigios. Mucha gente proclama, que se requiere respetar la constitución, las leyes y los
reglamentos que supuestamente amparan a magistrados y miembros del Ministerio Publico.
Pero esa misma gente olvida que nuestro país debe cumplir con los tratados
Internacionales, debidamente ratificados. De manera que, desde este punto de vista,
estamos en presencia de un Estado Dominicano paria, puesto que ahora mismo no está
cumpliendo ninguno de los Convenios Internacionales, lo que pone en riesgo que nuestro
país, inclusive, pueda perder los beneficios del RD-CAFTA, que prevé que las partes no
pueden consentir la corrupción y los sobornos.
Como se sabe, un tratado Internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional,
vinculante y obligatoria para los Estados que los suscriben. La Republica Dominicana ha
suscrito y ratificado numerosos tratados, entre los cuales se encuentran, “La convención
América sobre los derechos humanos”, (también conocido como el Pacto de San José) “la
Convención Interamericana Contra la Corrupción”, de la OEA, y las “Convención de las
Naciones Unidas contra la corrupción. Al igual que, todos los convenios anteriores a la
Constitución actual del ano 2010, los cuales postulan el principio de la independencia de los
jueces y de los miembros del Ministerio Publico.
Como lo plantea la mejor doctrina, los miembros del Poder Judicial no pueden depender de
los otros poderes y muchos menos pueden ser líderes o militantes de partidos políticos. En
esa óptica, precisamente la “Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción”, reza
en su párrafo I, que “teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel
decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado parte de conformidad con los
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia
del poder judicial, adoptara medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de
corrupción entre los miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que
regulen la conducta de los miembros del poder judicial”.
Y agrega, en su párrafo II, “podrán formularse y aplicarse en el ministerio publico medidas
con idéntico fin a las adoptadas conforme el párrafo I, del presente artículo de los Estados
parte en que esa institución no forma parte del poder judicial, pero goce de independencia
análoga”.

La propia Constitución Dominicana actual, expresa en el artículo 26, párrafo II, que la
“Republica Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional… y, en
consecuencia. 2) Las normas de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito
interno, una vez publicados de manera oficial”.

Y en su articulo 74, Numeral 3, reza que “los tratados, pactos y convenciones relativos a
derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Dominicana, tiene Jerarquía
constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del
Estado”.
Por su parte, el “Código Procesal Penal de la Republica Dominicana”, dispone en su articulo
I: “Primacía de la Constitución y los Tratados. Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la
vigencia efectiva de la constitución de la Republica y de los Tratados Internacionales y sus
interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por estos, cuyas normas y
principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos y a su jurisdicción y
prevalecen siempre sobre la ley”.
A la luz de los textos anteriores, todos los jueces y miembros del Ministerio Publico, pueden
ser removidos por el nuevo gobierno, lo que debería hacerse utilizando el método, que se
aplico en el país, en 1997, según el cual el Senado eligió los jueces de ternas propuestas por
la sociedad civil.
En lo que concierne a la lucha contra la corrupción, en la próxima entrega fijaremos nuestra
posición, en el sentido de que lo que mas conviene a nuestro país es la creación de una
“Fiscalía Nacional Anticorrupción”, totalmente separada de la Procuraduría, para lo cual no
hay que inventarse nada, ya que, desde hace varios años, cursa en el Congreso un Proyecto
de Ley, en ese sentido, que, a nuestro parecer es muy bueno, y lo único que requiere es su
actualización y afinamiento.

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