El recurso de la subcontratación

Por Juan Llado

Nuestra clase política no ha podido resolver algunos graves problemas nacionales que un nuevo gobierno tendrá que enfrentar. Sería muy arriesgado asumir que las nuevas autoridades, especímenes de esa misma clase, producirán formulas salvadoras a partir de agosto del 2020. Por eso se justifica que para su solución se contemple el reclutamiento de ayuda de entes externos mediante el uso del recurso de la subcontratación. Tal medida sería particularmente deseable para encarar problemas tan complejos como la impunidad, el desbarajuste fiscal, la inseguridad pública y el bajo rendimiento escolar.

Se sabe de sobra que la impunidad es el principal estímulo para la corrupción que embarga las prácticas de la clase política y de sus cómplices económicos. No podremos consolidar la institucionalidad democrática sin que esta se persiga y castigue. El reclamo de que se combata ha sido escuchado por varios partidos de la oposición, pero ninguno ha presentado hasta ahora una estrategia para su erradicación. Solo el PRM ha prometido específicamente nombrar una personalidad independiente en el cargo de Procurador General para garantizar un idóneo desempeño del ministerio público.

Pero esa medida no será suficiente para responder a la sed de justicia derivada del caso de corrupción de la Odebrecht, el más oneroso de la historia del país. Hoy prevalece en la ciudadanía uno macabro descreimiento porque esta asume que, a pesar de la enorme cuantía del timo, las nuevas autoridades aplicaran el “borrón y cuenta nueva” sin rescatar el botín robado. Gran parte de la sociedad sospecha que no se ha profundizado la investigación ni se han sometido a la justicia a todos los implicados y que en este caso no habrá justicia. Basta recordar que la PGR no ha investigado la denuncia de corrupción en el caso de Punta Catalina y que la Cámara de Cuentas no ha hecho una auditoria forense de las demás obras para evaluar sus sobrecostos. El gran anhelo de justicia que significo la Marcha Verde ha quedado pendiente de redención.

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Por más diligente y corajudo que sea el Procurador del próximo gobierno, ese solo proceso podría empantanar todas las demás investigaciones de esa cartera. La magnitud del caso absorbería los recursos del Ministerio Publico y la atención del público, restando efectividad en otros casos e iniciativas. El hecho de que una persecución efectiva podría producir reembolsos para el fisco de más de mil millones de dólares –tal y como ha sido el caso en Perú—implica que el esfuerzo persecutorio debe ser serio, intenso y continuo, posiblemente excediendo el periodo de gobierno. En consecuencia, será necesario apelar a un recurso similar al de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de la OEA en Honduras  para auxiliar a la PGR.

La CICIG fue un recurso solicitado a las Naciones Unidas por el gobierno de ese país frente a una serie de abusos de los derechos humanos de cuerpos ilegales de seguridad y de mayúsculos escándalos de corrupción. Por espacio de una década la Comisión “llevó a juicio a tres expresidentes y a cientos de empresarios, funcionarios, jueces y civiles acusados de corrupción”. Cuando se investigaban denuncias contra familiares muy cercanos del Presidente Morales, este decidió no renovar el mandato de la CICIG y esta tuvo que dejar a medio tajo las investigaciones. Pero en nuestro caso la gestión se limitaría al caso Odebrecht y se consagraría un estatuto legal que le de vigencia por cinco años, lo suficiente para terminar la investigación. 

Una ayuda similar se requerirá también para viabilizar el Pacto Fiscal que se tiene como la ineludible respuesta al desbarajuste actual de las finanzas públicas. El destacado economista Pavel Isa Contreras lo sintetiza englobándolo en el endeudamiento: “Entre 2008 y 2018, el endeudamiento público financió más del 28% del presupuesto del Gobierno Central y cerca de un 19% del gasto primario, es decir, del gasto efectivo en la economía, descontando los pagos de deuda.” “En 2018, el gobierno solo tuvo recursos para pagar por menos del 34% de los intereses adeudados. El restante 66% lo cubrió con nueva deuda. En pocas palabras, la deuda, que ha financiado una proporción elevada del presupuesto público, ahora se está “comiendo” los recursos. La respuesta de la política ha sido posponer la solución, tomando más prestado y agravando gradualmente el problema.”

Un coro de economistas señala que el meollo del reto fiscal está en aumentar los ingresos tributarios, sin desmeritar la redistribución del gasto. En lo primero habrá que enfrentar el rediseño del sistema de incentivos fiscales para eliminar muchos que ya no son necesarios, mientras ensanchar la base de los contribuyentes requerirá gravar a algunos segmentos de la población actualmente exentos, ambas medidas de urticante complejidad para los intereses en juego. Un nuevo gobierno querrá evadir confrontaciones que mermen su capital político. De ahí que sea recomendable apelar a la ayuda del Banco Mundial y del BID para que preparen un borrador del Pacto a fin de que el nuevo gobierno no tenga que cargar con el fardo de la culpa (aunque haga modificaciones). Se ganaría un tiempo precioso si tan pronto se anuncie su triunfo electoral el presidente electo pide esa tarea a las agencias multilaterales. Así podría conseguirse la aprobación congresual del paquete en el mismo mes de agosto del 2020.

El escabroso problema de la inseguridad pública, por otro lado, requiere de medidas que vayan más allá del simple cambio de oficiales al mando de la PN y la DNCD. Asimismo, no será suficiente aumentar los salarios de los policías, ni reforzar la policía preventiva ni la policía comunitaria. Habría que esperar a ver cuáles fueron las recomendaciones que ofreció Rudy Guiliani al PRM, pero tampoco se trata solamente de elaborar un plan integral para combatir la delincuencia. Mientras más de una cuarta parte de la población siga sumida en la pobreza, ese componente de la motivación de los atracos urbanos no desaparecerá. Siendo un poderoso leif motiv para el crimen, el narcotráfico se erige también como un flagelo instigador que requiere limpiar a los cuerpos de seguridad de oficiales cómplices. El problema de la seguridad pública es bien complejo y su solución es de mediano a largo plazo, pero hay que saber cómo comenzar.

Al ser una de las mejores del mundo, apelar a la policía de Singapur para mejorar la función pública en el tema de la seguridad pública es enteramente deseable. (La alternativa de Interpol es más aplicable a la persecución del crimen organizado internacional.) Ese cuerpo policial, el cual tiene el mismo número de agentes que nuestra PN, es responsable de que Singapur figure entre los cinco países con mejor seguridad publica en el mundo. Su cooperación seria diseñada después de una exploración amplia de las posibilidades, pero es posible aquí sugerir una estrategia concentrada en dos áreas básicas: 1) la Unidad de Asuntos Internos de la PN y la DNCD, y 2) la policía comunitaria. Lo importante es reconocer que el país requiere de una ayuda externa in situ y que algún país con buen desempeño en esta área puede ayudarnos a mejorar.

Igual necesidad de ayuda externa se da en el área educativa donde los docentes son el ingrediente esencial para conseguir calidad en la enseñanza. No es verdad que los nuevos docentes que produzcan las 16 universidades con la carrera en educación o el Isfodosu van a mejorar sustancialmente el desempeño escolar en el corto o mediano plazo. Tampoco sería realista esperar que el Inafocam logre similares resultados con los docentes en ejercicio. Un cambio radical en el modelo de enseñanza –para que sea similar al de Chile o Finlandia—seria también una transformación engorrosa que requeriría de mucho tiempo para que se adapten las estructuras docentes y administrativas. De ahí que la medida que podría tener un impacto deseable más inmediato seria la contratación de un grupo de docentes extranjeros que, con un plan integral que propiciara los intercambios con los docentes nacionales, sirvieran de modelo de competitividad en las escuelas públicas.

Así las cosas, el nuevo gobierno en el 2020 deberá enfrentar con seriedad y coraje los intereses creados que impedirían la inserción de los insumos externos recomendados si queremos combatir la impunidad, arreglar las finanzas públicas, fortalecer la seguridad pública y mejorar los rendimientos escolares. Si la clase política toma nota del estancamiento en esas áreas, debe aceptar esa ayuda con humildad y patriotismo.

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