Catalina, una prestataria surrealista

Juan Llado

La errada decisión de que el Estado construyera la termoeléctrica de Punta Catalina amenaza ahora con convertirse en desastrosa al gobierno anunciar que venderá un 49% del accionariado de la empresa que detentará su propiedad. El esquema para hacerlo resulta en otro gran desatino. Para enmascararlo se esconden costos y se promete un impacto positivo en las finanzas públicas aun cuando se crea una importante deuda. En general, el surrealismo mágico del esquema revela el predominio de los intereses político-partidarios y deja mal parados a los de la sociedad.

La más completa descripción del esquema propuesto apareció recientemente en el periódico El Dinero. Se formaría una empresa (CTPC) que será la propietaria de la planta con un capital total de US$622 millones y los accionistas serian la CDEEE, la cual estaría aportando US$617 millones (o el 99.2%) y el FONPER US$5 millones (0.8%). Así el capital seria apenas un 32% del monto del contrato EPC con Odebrecht (US$1,945 millones). Sin embargo, según el Ministerio de Hacienda (MH) la inversión total ha sido US$2,372.9 millones hasta octubre de este año.

La diferencia entre el capital de la CTPC (US$622 millones) y ese valor de inversión asciende entonces a US$1,750.9 millones, por lo que los propietarios de la CTPC asumirían ese balance como una deuda con el Estado. Se propone que esa deuda devengue un interés de 9.7% anual y, según la descripción de El Dinero, que sea amortizada por la empresa a razón de US$15 millones mensuales en un plazo de 360 meses. El valor de la planta se fija en US$2,500 millones, pero ese valor no es usado para calcular la deuda.

Este esquema invita la participación privada en el capital de la CTPC financiándole a los propietarios eventuales un 74% del valor de la inversión. Esto parece un cuento de hadas por varias razones: 1) se asume un precio de venta por debajo del valor fijado a la planta, 2) se acepta un bajísimo anticipo como capital equivalente al 26% de la alegada inversión, y 3) se ocultan costos que subestiman sustancialmente tanto el valor invertido como el valor fijado por el MH. Estos últimos incluyen los “costos del dueño” y los del financiamiento hasta ahora pagado como parte de la inversión. La CDEEE, mientras, sigue negándose a proveer toda la información necesaria.

Lo peor del caso es que ni siquiera fijando en US$2,500 millones el valor de la planta se está sincerando con el mercado.  Para comenzar, el valor del contrato EPC estuvo muy por debajo tanto del valor ahora fijado por el MH como del valor invertido. Dos de las seis empresas calificadas en la licitación de la planta, Gezhouba Group y el Consorcio IMPE, acusaron a Odebrecht de  sobrevalorar la planta en US$1,040 millones, mientras el Instituto de Energía de la UASD estimó la inversión en US$1,750 y en Porto Pacem, Brasil se construyó una planta similar por US$910 millones. Varios analistas han señalado que la inversión total ya ronda los US$3,000 y que podría ser más una vez concluya el arbitraje a que Odebrecht ha sometido al Estado (US$708 millones). Mientras, un magnate australiano construirá una planta de 700MW a carbón por US$1.54 billones y en Italia construirán una de 760MW de gas por solo US$408 millones.

De cualquier modo, el valor de mercado actual seria muy diferente a todos estos estimados en vista de que la tendencia mundial es hacia la descarbonización, aun cuando China parece estar volviendo al carbón. Una forma de saberlo seria subastar la planta, pero en gran medida lo que se logre dependería del “Acuerdo de Compra de Energía” (PPA, por sus siglas en ingles) que CTPC suscriba con los compradores de la energía (las edes). También dependería de las tecnologías en desarrollo que puedan adoptarse para reducir o eliminar la emisión de CO2, (no solo de las plantas de carbón sino también de las de combustibles fósiles). Sobre esto hay pronósticos muy esperanzadores que de materializarse afectarían el precio del carbón y de los fósiles.

Deberá, por otro lado, enjuiciarse la pertinencia de adjudicarle a un socio privado el 49% de la propiedad de la CTPC por un aporte de capital de solo US$304.78 millones (el 49% de los US$622 millones del capital.) Si asumimos que este socio tendrá una participación proporcional en el pago de la deuda con el Estado de US$1,750.9 millones, se podría considerar inobjetable la transacción. Pero todo dependerá del precio de compra de la energía fijado en el PPA. En El Dinero solo se dice que la venta seria “comercial”, lo cual sugiere que el precio por kilovatio/hora seria aquel que fije el SENI en el momento de la compra. Ese precio depende de las ofertas que hacen los demás generadores (hoy está en US$0.14, aunque con el aporte de una planta de Catalina baja a US$0.10). 

Pero frente a una generación total neta de 674MW de la planta no es posible predecir esas ofertas. Así, el potencial comprador del 49% de las acciones de la CTPC no podría calcular la rentabilidad de su inversión sin un PPA por el periodo de 20 anos que se estila en este tipo de contrato. De ahí que será preciso que las edes otorguen un PPA holgado a un precio que permita esa rentabilidad. Ese precio lo determina todo: el nivel de rentabilidad de la inversión (tomando en cuenta los costos financieros de la deuda) y los ahorros de las edes como consecuencia de un precio que deberá ser más bajo al que han venido comprando.

Ese precio nunca sería el de 7.5 centavos de dólar por kv/h como había anunciado el presidente Medina. Si no fuera más alto no habría rentabilidad para la inversión privada. Y no es fácil pronosticar cual debería ser ese precio porque no es fácil predecir como evolucionara el precio del carbón y como se transformará la matriz de generación de los demás productores de energía. Estos últimos tenderán a reemplazar los combustibles caros por los más baratos para poder competir.

Por tanto, no son creíbles los estimados de los beneficios de operación ni de los ahorros de las edes sin que se especifique el precio del PPA. Lo probable, sin embargo, es que con el aporte de la planta los precios bajaran, aunque eso no necesariamente se refleje en una reducción de la tarifa eléctrica, un objetivo original de la inversión. Como el PPA deberá garantizar la rentabilidad del inversionista privado y el pago de la deuda, lo preferible es que no se venda ninguna parte del accionariado. Así se podrá inducir la rebaja general de la energía de una manera más efectiva y todos los beneficios se contrapondrán al alto costo de la inversión total (US$3,200 millones).

Ahora bien, el esquema del MH vislumbra la venta de la deuda de la CTPC en el mercado secundario a fin de que el Estado pueda recibir esos recursos sin esperar las anualidades de la empresa. Esta seria otra consecuencia indeseable. El Estado estaría aumentando su deuda externa — siendo ya un 51% del PIB— justo cuando esa es la principal crítica de la oposición a la gestión económica del actual gobierno. La tasa de interés de esa deuda nueva sería menor a la fijada para la CTPC (9.7%), ya que los bonos soberanos que hemos colocado en el mercado internacional están entre el 5 y 7%. De ahí que la nueva empresa tendría que absorber la perdida correspondiente.

Conviene más a la población entonces que, para cumplir con sus objetivos originales. la planta se quede de total propiedad estatal, aunque su operación se confíe a una empresa privada. Bajar sustancialmente los costos de la energía es preferible para la economía y los consumidores que endeudarnos más. Total, en una coyuntura electoral el gobierno puede caer en la tentación de usar los recursos de la venta de las acciones y de la deuda para fines proselitistas. Eso hace más daño que el bien que pueda derivarse de su inversión en obras públicas. Y el mismo dictamen aplica a un eventual nuevo gobierno de la oposición que se plantee que hacer con la malhadada planta.

Las frases subrayadas en rojo son enlaces que llevan a información adicional y relevante con solo cliquear dos veces sobre ellas

(Visited 63 times, 1 visits today)

Deja un comentario