Funcionarios que denuncian lo que ellos deben resolver

Una de las mayores críticas que acostumbro hacer en mi amado país es el hecho de que algunos funcionarios, de distintas áreas, son muy efectivos en la denuncia y explicación o justificación de los problemas que, en sus funciones, les corresponde a ellos resolver.
Por ejemplo, hemos visto funcionarios como el presidente de la Dirección General de Control de Drogas (DGCD) decir que en país existe “x” cantidad de puntos de ventas de droga o que el nivel de microtráfico de sustancias prohibidas mueve “x” cantidad de dinero.
Sin embargo, es a esa institución que corresponde acabar con los puntos de droga, ya sea de manera directa o en coordinación con otros organismos especializados de la Policía.
También conocemos de ministros de Interior y Policía que se refieren a la cantidad de armas ilegales en el país, así como a ministros de Hacienda referirse a la cantidad de bancas de apuestas de lotería que operan sin los permisos correspondientes.
También conocemos los reportes de estudios que dan cuenta de la cantidad de estaciones de combustibles, tanto de gasolina y gasoil como de gas licuado de petróleo, que operan sin los permisos correspondientes. Incluso, hasta se conocen los datos de cuáles tienen unos que otros permisos de determinadas instituciones y cuáles carecen de otros permisos que son emitidos por entidades distintas.
Uno se pregunta, si se conocen las violaciones de los procedimientos, si se cuantifica la magnitud de los delitos, si sabe cuáles cumplen y cuáles violan las reglas, ¿cómo es que no se toman medidas en procura de resolver los problemas que somos tan efectivos en diagnosticar?
Son situaciones que siempre me ha costado entender.
Pero eso no sólo ocurre en las áreas ya mencionadas de apuestas de juegos de azar, de combustibles, armas de fuego o tráfico de drogas. También se observa en áreas económicas, vinculadas directamente con las recaudaciones.
Por ejemplo, recientemente conocimos el sexto “Informe de la Economía Dominicana”, presentado por Armando Barrios, decano de Economía y Negocios de la Universidad Intec, así como Rafael Espinal, coordinador de la carrera de Economía, junto a los economistas Pavel Isa y Carlos Ramos.
Estos destacados profesionales dieron a conocer el interesante informe en el que hicieron referencias a estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que citan los niveles de evasión fiscal en determinadas áreas.
Dice el informe que, de acuerdo con la DGII, la evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ronda el 60%, mientras que la evasión del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) se ubicó entre 31% y 42% de 2007 al 2017.
En forma adicional, hace varios días el director de Impuestos Internos, Magín Díaz, anunció la contratación de una empresa suiza para desarrollar un sistema de trazabilidad con el que se pretende reducir los niveles de evasión en las áreas de producción y comercialización de ron, cerveza y cigarrillos entre seis y ocho puntos porcentuales cada año.
Lo que llamó mi atención es que, en su presentación, el titular de la DGII informó que los niveles de evasión en las áreas de bebidas alcohólicas y cigarrillos se ubican en 40.2%, además de especificar que en esos renglones cada punto porcentual equivale a alrededor de RD$550 millones.
Una vez más me pregunto, ¿cómo es que somos tan efectivos para cuantificar los niveles de evasión sin poder determinar dónde están esos evasores? O sea, no es que no se pueda hacer un levantamiento tendente a medir cuantitativamente la capacidad recaudadora del Estado y el potencial por recaudar.
Pero es difícil de entender que se conozca la cantidad evadida sin conocer o perseguir a los que evaden en esos conocidos niveles.
En todo caso, vemos positiva la decisión de la DGII de haber realizado una licitación pública internacional para contratar la empresa que ha de ayudar al Estado a reducir la evasión en los alcoholes y cigarrillos, pues se trata de una acción para enfrentar ese problema.
Es lo que se espera de los tantos funcionarios que anuncian los males que ellos están llamados a corregir y no se ocupan, como la DGII, de procurar soluciones. Es lo que necesita el Estado.

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