VIOLENCIA DE GENERO

Según reporta el Ministerio de la Mujer durante los diez primeros meses del año, período que abarca desde enero hasta octubre del presente año, ha recibido mas de 28 mil denuncias de violencia de género y prestado asistencia a las víctimas. Tan elevada cifra permite hacerse una idea de hasta donde es de grave esta problemática, más tomando en cuenta que puede darse por seguro que no refleja la verdad en toda su amplitud.

Recordemos que los estudios que se han efectuado hasta ahora coinciden en establecer que la violencia intrafamiliar, que en este caso alcanza no solo a la mujer sino a los hijos, está presente en alrededor o más del cincuenta por ciento de los hogares dominicanos.

La experiencia acumulada en todos estos años en que el tema ha sido objeto de mayor atención, no por ello sin embargo hasta ahora lamentablemente con los resultados esperados, demuestra que es mucho mayor la cantidad de mujeres abusadas que no se atreven a poner en conocimiento de las autoridades los atropellos de toda naturaleza de que son víctimas.

Las razones de esta inacción por parte de las abusadas son de diversa naturaleza. Quizás en la mayoría de los casos se deba su condición de dependencia económica, donde por razones de subsistencia de la mujer y en muchos casos de los hijos procreados, se pliega a seguir sufriendo estoicamente todo tipo de humillaciones, desde emocionales hasta físicas, en ocasiones con grave riesgo para su salud y aún su vida.

En otras, como elemento paralizante a toda acción para detener el maltrato, cuenta el sometimiento psicológico determinado por una cultura y tradición heredada de obligada sumisión al varón, considerado como ser superior y como tal con derecho a negarle todo derecho a la mujer y convertirla en resignada víctima de toda forma de violencia.

Pero a lo anterior se suma otro factor no menos preocupante y que contribuye a mantener a muchas mujeres en permanente estado de indefensión. Es la falta de confianza de que en el Estado y el sistema de justicia encontrarán solución a su ominosa situación de servidumbre, y sobre todo a librarlas del riesgo de represalias, que en no pocos casos culmina del modo más trágico e irreparable para la víctima.

Es el mensaje preocupante y negativo que precisamente proyectan los dos casos registrados en San Pedro de Macorís con diferencia de escasas semana que ponen en evidencia una penosa falla en nuestro sistema de justicia para garantizar la seguridad de las mujeres que se atreven a levantar el índice acusador contra sus parejas o ex parejas.

Mas aun, cuando ahora sale a flote la información que aún cuando mas notorios y mayor polvareda pública han levantado, no se trata de casos aislados, si no que según divulga el Listín Diario, en lo que va del presente año, al menos 38 mujeres han caído asesinadas por sus ex parejas luego de haber sido previamente amenazadas y agredidas, y los responsables recibir órdenes de alejamiento o guardar prisión, ya como medida de coerción, ya a consecuencia sentencias condenatorias, donde como ocurrió en San Pedro de Macorís, fueron liberados pese al antecedente de previamente haber intentado asesinar a sus víctimas, lo que pudieron luego ejecutar gracias a increíbles acuerdos que coloca bajo serio cuestionamiento nuestro sistema de justicia.

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