Progreso y desarrollo de últimos años oscurecidos por la delincuencia

Valoro la iniciativa de la dirección del semanario Primicias de publicar en la edición especial correspondiente a su 26 Aniversario trabajos sobre lo que ha sido el comportamiento de la sociedad dominicana en más de un cuarto de siglo, a fin de ponderar sus luces y sus sombras en procura de una correcta edificación de sus lectores.
Resulta que el tema que se nos ha propuesto: Auge de la delincuencia y soluciones, es hoy el de mayor preocupación entre los ciudadanos dominicanos, a juzgar por los que nos dicen las más respetables firmas que se dedican a investigar sobre el comportamiento social del país, estudios que, cuando se realizan apegados a los métodos científicos, resultan en la mayoría de los casos irrefutables.
De acuerdo con las investigaciones que realizó la encuesta Gallup, publicada recientemente en el periódico Hoy, para el 68.3 por ciento de los ciudadanos, los robos y asaltos son el principal problema que afecta al país. Un 34.7 por ciento de los entrevistados dijo que el principal problema era el desempleo, mientras un 32.3 se inclinó por la inflación y el alto costo de la vida.
Entre los aspectos más preocupantes para los encuestados siguieron, la corrupción con un 18 por ciento; las deficiencias en el sistema de salud, un 10 por ciento; los apagones, menos de un 10 por ciento, y en menor medida la educación, los feminicidios, el tráfico de droga, la escasez de agua potable, los bajos salarios y la migración haitiana, entre otros.
Obsérvese que la medición que hace la más prestigiosa de las encuestas que se publican en el país establece que la delincuencia le dobla los números a la preocupación que le sigue, que es el desempleo, que como dijimos ascendió a un 37.3 por ciento. Quien les habla, trabajó como reportero del desaparecido periódico El Siglo desde su fundación a finales del los años 80, medio en el que para entonces comenzaron a publicarse las encuestas Gallup, y debo dar testimonio de que en esa etapa de la vida dominicana la delincuencia ni siquiera figuraba como un problema significativo entre los encuestados.


Otra experiencia personal que puedo referirle la viví entre los años 2004 y 2005, cuando me tocó formar parte del equipo fundador de lo que hoy se conoce como Noticias SIN, entonces en el canal 7 de Antena Latina, y la periodista Alicia Ortega, recién llegada de los Estados Unidos, nos preguntó el significado de la palabra “sicario”, ya que era la primera vez que la escuchaba en la República Dominicana. Tal vez no se imaginen la sorpresa de la productora de El Informe cuando le expliqué que un sicario era un matón a sueldo, es decir, una persona que mataba por encargo. De esta anécdota hacen quince años, tiempo que ha sido suficiente para que la palabra sicario
se convirtiera entre los dominicanos en un término tan común que hasta tristemente forma parte del vocabulario de nuestros niños.
Ante el auge vertiginoso que se advertía en la comisión de hechos delincuenciales al entrar la segunda década del presente siglo, se creó en el año 2012 el Observatorio de Seguridad Ciudadana, como un organismo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, lo que se definió como “un esfuerzo interinstitucional bajo la coordinación del Ministerio de Interior y Policía para realizar análisis sobre la situación de violencia y criminalidad en el país”.
El Observatorio publica periódicamente un boletín cuyo objetivo, según sus ejecutivos, es “documentar la situación de la violencia, criminalidad y accidentalidad a fin de que las autoridades gubernamentales, los sectores de seguridad, salud, educación y justicia, con la participación del sector académico, así como de la sociedad civil, ONGs y medios de comunicación, tengan los elementos que les permitan impulsar la formulación de estrategias y políticas, así como evaluar la pertinencia y sostenibilidad de las estrategias que actualmente funcionan en el país”. Es oportuno señalar que colaboran con el observatorio el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Interamericana para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID).


En el proceso de investigación para esta conferencia, nos encontramos con hallazgos que deben ser tomados en cuenta por el liderazgo y la ciudadanía romanense, preocupados por el devenir de su municipio y la provincia en general. De acuerdo con el Informe Estadístico sobre Seguridad, con los datos de los primeros seis meses de los años 2017 y 2018, La Romana aparece entre las seis provincias de las 33 demarcaciones donde se registraron más homicidios de todo el país, incluidos el Distrito Nacional y Santo Domingo.
Las cifras hablan de que en el período enero-junio de los referidos años, los casos de homicidios registrados respectivamente fueron 185 y 154, en la provincia Santo Domingo; 102 y 74, en Santiago; 87 y 69 en el Distrito Nacional; 42 y 31, en La Altagracia; 40 y31 en San Cristóbal 37 y 27 en La Romana, seguida por la vecina San Pedro de Macorís con 37 y 18 de este tipo de muertes violentas.
Los mismos datos arrojan que en el período enero-junio del 2017 y el 2018 se materializaron 29 y 30 homicidios en la provincia Duarte; 26 y 20 en La Vega; 21 y 19 en Barahona; 15 y 18, en Azua; 15 y 14 en María Trinidad Sánchez; 17 y 18, en Peravia; 16 y 19, en Espaillat; 21 y 11, en San Juan; 19 y 11, en Puerto Plata; 12 y 13, en Valverde; 12 y 10, en Monte Cristi; 8 y 12 en Monseñor Nouel; 7 y 10, en Sánchez Ramírez; 9 y 8, en Monte Plata; 8 y 11, en Bahoruco; 4 y 10 en Samaná; 9 y 6, en El Seybo; 7 y 5, en Hato Mayor; 6 y 6, en Elías Piña; 5 y 6, en Independencia; 6 y 4, en Hermanas Mirabal; 4 y 5, en Pedernales; 4 y 5, en San José de Ocoa; 3 y 4 en Dajabón; con 2 y 3 homicidios en Santiago Rodríguez.
Son dignas de estudios particulares La Altagracia y La Romana por figurar en la escala de divisiones políticas homólogas que las superan con creces demográficamente, situándose incluso por encima de La Vega, una de las más pobladas del país.
Aunque es conocido de todos que las fuentes oficiales tienden a ser conservadoras, el hecho de que casi siempre muestran tendencias a la baja de problemas como la delincuencia, lo cierto es que las estadísticas no dejan de ser escalofriantes si tomamos en cuenta que solo en esos primeros seis meses del 2017 y el 2018 se computaron 1603 homicidios. El mismo boletín del Observatorio de Seguridad Ciudadana refiere que solo en los primeros seis meses del 2018, se contabilizaron 537 homicidios intencionales, 153 no intencionales, 311 suicidios, 636 muertes por accidentes de tránsito, 69 electrocutados y 138 ahogados, para una totalidad de 1844 muertes violentas. Presentar las cifras generales tiene importancia si se toman en cuenta las limitaciones institucionales del país para esclarecer las verdaderas circunstancias de muertes reportadas como accidentales.
Son tan insuficientes los números fríos para explicar las realidades sociales y humanas que uno de los teóricos de las ciencias sociales publicó un libro titulado “Cómo mentir con las estadísticas”. De ahí que uno de los métodos más socorridos entre los cientistas de hoy es el fenomenológico, según el cual, todo investigador es parte de la investigación. El antiguo criterio de la objetividad al estilo de René Descartes, donde el científico se colocaba en una posición distante del objeto de estudio hace tiempo que está sometido al más despiadado cuestionamiento. Hoy lo subjetivo es también un valor a tomar en cuenta a la hora de estudiar fenómenos tan multifactoriales como la delincuencia. Lo importante no es solo el qué, sino también el cómo. Pero hasta el mismo Descartes que se compromete a no afirmar nada que no pueda probar en su Discurso del Método, fundamento durante siglos de la filosofía de la ciencia, ponderó luego de manera exhaustiva las Pasiones del Alma.
Al iniciarse este año se produjo la muerte en Baní del coronel de la Policía Nacional Daniel Álvarez Ramos, a manos de una banda dedicada al tráfico de drogas. También se registró el asesinato del reconocido delincuente José Alberto Adames (Canelo), en una acción policial y el apresamiento en Punta Cana del poderoso narcotraficante colombiano Julián Jiménez Monsalve, internacionalmente conocido como “Machete”, actos que provocaron reacciones públicas de funcionarios, políticos y comunicadores de todo el país.
Entre los que observaron que por la naturaleza de los hechos el país se encontraba en un verdadero auge de la delincuencia fue el ex presidente de la República, doctor Leonel Fernández, presidente del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aspirante a retornar a la primera magistratura del Estado en los comicios presidenciales programados para mayo del 2020.
En su columna Observatorio Global, que publica los martes en el rotativo capitaleño Listín Diario, Fernández hizo un recuento de hechos que a su juicio ponían de relieve “el grave desafío al que se enfrenta la República Dominicana, como consecuencia del narcotráfico, la criminalidad y delitos conexos”. Recordaba la época en que mientras esos flagelos azotaban como una trágica epidemia poblaciones importantes de los Estados Unidos y Europa, nuestro país parecía “un paraíso inmune a esa enfermedad que se esparcía por todo el planeta”.
El tres veces presidente de la República apuntaba que durante las últimas décadas “ha habido un incremento sistemático del tráfico ilícito de drogas por nuestro país, el cual fue convertido por los carteles internacionales en un país de tránsito o trampolín para su envío al extranjero”. Refería que en esa primera fase los socios locales del narcotráfico internacional recibían su pago con dinero en efectivo, lo que según el ex mandatario comenzó a cambiar “a partir del conocido caso de Paya, Baní, en el que en agosto del 2008, siete ciudadanos colombianos mientras de un cartel de narcotraficantes fueron asesinados por un grupo rival dominicano”, episodio en que fueron incautados mil 300 kilos de cocaína y 15 millones de dólares en efectivo.
De acuerdo con Fernández, la famosa Matanza de Paya determinó el cambio de estrategia en las operaciones del crimen organizado, que “para evitar una incautación tanto de drogas como de dinero decidieron hacer todas sus transacciones solo en base a la mercancía”, es decir la droga. El abogado y político concluye su artículo en que “como resultado de ese cambio de estrategia, en el territorio dominicano hizo aparición la existencia de un mercado que antes no existía. Ese mercado fue instalado prácticamente en todo el territorio nacional. Funciona a través de puestos de venta de estupefacientes, en lo que se conoce como micro-tráfico o narco-menudeo”.
Años antes de que el ex gobernante hiciera las afirmaciones que citamos aquí, en una entrevista que le hiciéramos al entonces presidente del Consejo Nacional de Drogas, mayor general José Aníbal Sanz Jiminián, el funcionario nos dio otra versión sobre lo que entendía como el verdadero origen de la instauración del microtráfico de estupefacientes en todo el país. En su opinión, todo comenzó con la promulgación de la ley de lavados en la República Dominicana durante el cuatrienio 2000-2004, debido a que, como la ley establece controles en el envío de divisas al territorio nacional, el pago que antes se hacía en dólares a los socios locales del narcotráfico, debió comenzar a hacerse en especie, o sea con cantidades de droga que necesariamente pasaron a comercializarse en el mercado local.
Podría parecer cabalístico si afirmásemos que la ley de lavado presagió una era de horror para la seguridad ciudadana en el país, si recordamos que el legislador que llevó la voz cantante para su aprobación fue asesinado por delincuentes comunes durante el cuatrienio referido, en un hecho que llenó de consternación al país y que tres lustros después continúa bajo un manto de dudas y especulaciones. Nos referimos a la muerte a tiros del senador Darío Gómez, representante de la provincia Santiago Rodríguez por el entonces gobernante Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Lo cierto es que después de ese hecho los homicidios han crecido en todo el país, como lo demuestran las estadísticas del Observatorio de Seguridad Ciudadana presentadas al iniciar esta conferencia. Y es que el microtráfico constituido una fuente de diversos tipos de crímenes que desde las luchas entre bandas por el control de los puntos de drogas hasta los robos y los asaltos cometidos por jóvenes y no tan jóvenes que atrapados en el vicio recurren a métodos violentos para agenciarse los recursos económicos para el consumo de estupefacientes.
Las estadísticas son bien precisas cuando muestran el crecimiento de robos, atracos, asaltos a mano armada, sicariato y lo más novedoso, los llamados “secuestros exprés”, en los que se rapta a las personas, a las que se obliga a ir a los cajeros y sacar dinero con sus tarjetas de débito o crédito, bajo amenazas de asesinarlas y en otro caso propinándoles golpizas.
Las mismas autoridades han reconocido que carecen de equipos de inteligencia para prevenir esas agresiones a la seguridad ciudadana.
Y lo que es más grave, de acuerdo a voces autorizadas como la ex fiscal del Distrito Nacional Yenny Berenise Renoso, de cada diez hechos delictivos por lo menos en ocho participan miembros de la policía o de otros cuerpos represivos del Estado. Pero mientras los chiquitos menudean con el microtráfico y la ratería, se deslumbran con la opulencia de muchos de sus superiores que exhiben fortunas cuyo origen no podrían explicar. Así de injusta es la hiedra de siete cabezas que es la delincuencia.
No es un secreto para nadie que la situación amenaza lo que es hoy la principal fuente de divisas del país, el turismo, mientras naciones poderosas comienzan a pedirles a sus ciudadanos que no viajen a la República Dominicana por la inseguridad ciudadana.

Soluciones
Es evidente que ante un problema tan grave como el de la inseguridad ciudadana no puede haber soluciones sin que el Estado y toda la sociedad se unifiquen en una lucha sin cuartel para reducir al mínimo los fenómenos que dan origen a la delincuencia. Pero el Estado debe ser el primero en demostrar que está interesado en combatir esa epidemia social, ganándose la voluntad y la acción de la ciudadanía, cada vez más temerosa y descreída, como consecuencia de los malos ejemplos de quienes están llamados a enfrentar la situación.
La lucha contra la delincuencia no puede ser reducida a una labor policial. Tiene que comenzar en la familia, cuya disfuncionalidad provoca vacíos existenciales que conducen al vicio y a todo tipo de violencia y degradación moral. De la familia debe pasarse a la Junta de Vecinos, que en labor mancomunada con las iglesias y las agrupaciones culturales y deportivas fomenten la sana participación social, la solidaridad, el apoyo entre vecinos, la hermandad y responsabilidad ciudadana.
Pero los miembros de las familias y los grupos barriales deben ser más proactivos en la exigencia de las autoridades para que cumplan con su deber en el combate y la prevención de la delincuencia. Ahora que se acercan las elecciones para elegir nuevas autoridades, la ciudadanía debe comprometer su voto con los aspirantes que hayan demostrado con hechos y propuestas que están interesados en combatir la delincuencia. Deben reclamar que las propuestas y planes no se limiten a ver la delincuencia como un fenómeno que debe enfrentarse con represión y nuevas legislaciones, sino que, por el elemento del consumo de drogas y la disfuncionalidad familiar, hay que motorizar proyectos de salud mental, con la asistencia de profesionales de la psicología, la psiquiatría y trabajadores sociales que devuelvan a la juventud la esperanza de cambio y el sentido de una vida sana y satisfactoria.
Los ayuntamientos de todos los municipios deben asumir su rol como instituciones llamadas a integrar de manera participativa a las familias, en la realización de tareas comunitarias, como la limpieza de los barrios, la educación ciudadana, la creación de pequeñas empresas, escuelas de música, Bibliotecas con acceso a internet, talleres de artesanía y equipos deportivos.
Las redes sociales nos hablan a diario de friolera de dinero que se despilfarran en salarios inútiles mientras los agentes del orden cobran los llamados sueldos cebolla que no les dan para sobrevivir ni precariamente. Esa situación debe revertirse necesariamente, mejorando concomitantemente la formación de esos auxiliares de la ley.
Es obvio que sin la participación directiva del Estado no habrá solución al cáncer de la delincuencia. Por ello es deber de los comunicadores advertir a la población para que exija a los que aspiran gobernar que digan que piensan hacer con un fenómeno que amenaza con destruir la sociedad. La autoridad debe ganarse la confianza de la población.
Pero como nos enseñaron en las matemáticas, para resolver un problema primero hay que conocerlo. El candidato tiene que demostrar ante el electorado exigente que conoce el problema, que sabe cuáles son sus raíces para estar en condiciones de combatir los efectos eliminando sus causas.
Entre muchas de las afirmaciones absurdas está una muy manida según la cual la delincuencia es producto del desarrollo de los países. Nada más falso. Holanda es uno de los países más desarrollados del planeta y en los últimos años ha ido cerrando sus cárceles por falta de delincuentes para encerrar.
Hace poco leí un reportaje sobre el último preso que salió de una cárcel que en lo adelante el gobierno holandés deberá utilizar en otras funciones porque perdió su último cliente. Lo que sí es seguro que la delincuencia no se reducirá con autoridades corruptas e incompetentes ni ciudadanos indiferentes al destino de su país. Se trata de una labor combinada de ciudadanía y Estado en la que todos debemos cumplir con la responsabilidad que nos compete. Sin el compromiso de las partes no habría solución posible. A pesar de lo lejos que ha llegado el problema, nunca es tarde para empezar a enfrentarlo, y estamos seguro que saldremos airosos, como diría nuestro amigo arzobispo Ramón de la Rosa y Carpio, si usted, yo y Dios lo queremos.

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